Los agentes locales recibieron ese día una llamada telefónica en la que un individuo les alertaba de la instalación de un artefacto explosivo en el centro que El Corte Inglés tiene en la calle Pintor Sorolla, donde el pasado día 16 de diciembre hizo explosión una bomba instalada por ETA, que provocó la muerte de una mujer y heridas graves a su hija.

La Polica logró entretener al interlocutor el tiempo suficiente para detectar el número desde el que se había realizado la llamada y que correpondía al teléfono de un domicilio particular situado en el barrio valenciano de Mislata.

Inmediatamente, se puso el hecho en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia, que se encontraba de guardia y que dictó la orden de registro de dicho domicilio.

El número de teléfono resultó estar a nombre de una mujer joven que se encontraba en la vivienda n el momento de la llegada de los agentes. Se encontraba acompañada de su padre, de quien se sospecha es el autor de la llamada.

Ambos fueron interrogados y negaron todas las imputaciones que les hizo la Policía que, sin embargo, considera que tiene en su poder pruebas suficientes para demostrar las acusaciones contra el hombre, del que no se ha facilitado por el momento la identidad.

La Policía redactó un atestado, al finalizar el interrogatorio, que fue remitido al tribunal encargado a partir d ahora de investigar el caso.

Según el artículo 249 bis. del Código Penal, las personas que realicen llamadas telefónicas advirtiendo de la falsa colocación de artefactos explosivos "con ánimo de causar alarma" pueden ser castigados con penas de arresto mayor y multas de entre 10.000 y 1.000.000 de pesetas.

En los días posteriores a la explosión del artefacto de Valencia se recibieron decenas de llamadas telefónicas avisando de la instalación de bombas en centros comerciales y organismos públicosen toda España.

Ninguna de estas amenazas resultó cierta, aunque ocasionaron el desalojo de diversos grandes almacenes en Madrid, Levante, Galicia y Castilla y León, así como la paralización del trabajo e inspección de la sede del PP y de algún que otro organismo público.

Según la Policía, la proliferación de amenazas de bomba durante esos días creó cierta "psicosis" entre los ciudadanos, que se intentó contrarrestar con planes de detección de esas llamadas desde los ayuntamientos y gobiernos civles, en coordinación con los Cuerpos de Seguridad.

Este no es el primer fruto que da la investigación policial en ese sentido. También en Valencia resultó detenida una persona hace dos meses por realizar este tipo de llamadas.