Según los datos hechos públicos hoy por la eléctrica, la producción se elevó entre enero y junio un 9,2%, hasta los 43.701 GWh, al tiempo que se redujeron un 11,1% las emisiones de CO2.

La facturación, sin embargo, permaneció prácticamente estancada, al situarse en 5.496,6 millones de euros, frente a los 5.458,7 millones del ejercicio anterior.

El beneficio bruto de la eléctrica presidida por Ignacio Galán creció un 20%, hasta los 1.916 millones de euros. De esta cantidad, un tercio se lo reparten el negocio eólico, con 303,5 millones, y el área internacional, con 332,5 millones de euros.

El resultado se ha visto impulsado por el buen comportamiento de las áreas de renovables, internacional e inmobiliaria, indicó la compañía.

PEOR POR LA REGULACIÓN

Iberdrola admite que ha empeorado el comportamiento del negocio tradicional eléctrico en España, afectado por las nuevas medidas regulatorias.

El área más afectada ha sido la del negocio de distribución, que ha visto cómo su beneficio neto caía cerca de un 63% entre enero y junio de 2006, hasta situarse en sólo 62 millones de euros, señala la compañía. En el último trimestre este negocio había entrado en números rojos.

Esta situación explica que Iberdrola Distribución se haya visto obligada a tomar medidas específicas, como la de adaptar el precio de compra de energía en los mercados eléctricos diario e intradiario a los precios de venta fijados por el Gobierno, agrega, justificando una decisión que desató una notable polémica.

La decisión adoptada, agrega la eléctrica, no supone riesgo alguno para el suministro y se enmarca en la defensa del libre mercado y de los intereses de sus accionistas, ya que no puede seguir acumulando pérdidas como consecuencia de una prolongada incertidumbre regulatoria.

De hecho, las medidas incluidas en el decreto aprobado el 23 de febrero por el Gobierno para evitar que siguiera incrementándose el déficit de tarifa por el alza de precios en el mercado mayorista o "pool" ha tenido un efecto negativo en los resultados de Iberdrola Distribución de 164 millones de euros.

A esto se suma la deducción del valor de los derechos de emisión de CO2 asignados (-141 millones de euros), lo que eleva el impacto de dicha norma a 305 millones de euros.

La eléctrica espera que con el cambio en su política de distribución y los pasos dados por la Administración para profundizar en la liberalización del sector, la situación vuelva próximamente a la normalidad.

En este sentido, destaca que las normativas aprobadas en las últimas semanas apuntan, en su opinión, en la dirección correcta, con la eliminación los Costes de Transición a la Competencia (CTC), el incremento de tarifas industriales, la posibilidad de la cesión a terceros del déficit tarifario del pasado año y la orden ministerial que regula los contratos a plazo.