El escrito se presentó el pasado día 21 de enero por lo que la eléctrica entiende que son “más de dos años de campaña de desprestigio y acoso mediático”. La demanda, que tiene por objeto denunciar ese tratamiento informativo, se caracteriza, según la compañía, por “la sobreinformación, el tratamiento tendencioso de los hechos” y, lo que considera más grave, la “publicación de noticias que son directamente inexistentes o contrarias a la verdad”.

El escrito se ha acompañado de dos informes periciales de expertos independientes. El primero, ha sido elaborado por el catedrático de Reputación Corporativa de la Universidad Complutense de Madrid, Justo Villafañe. En el informe se ponen ejemplos de esa campaña de desprestigio y se evalúa la afectación o impacto que ha tenido en la reputación de Iberdrola.

En total, la campaña denunciada por la eléctrica está conformada por 225 noticias que la compañía ha recogido hasta el noviembre del pasado año 2021. Esta cifra equivale a una frecuencia de 75 informaciones anuales sobre Iberdrola en relación con el ‘caso Cenyt’, vinculado con el excomisario José Manuel Villarejo, que ha llegado a provocar la imputación del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán.

“Esa publicación de noticias se hace aplicando una técnica de sobreinformación o saturación, pues los períodos de tiempo que median entre cada información son extremadamente cortos”, denuncia Iberdrola.

Por ello, entiende que todas tienen un mismo enfoque y sesgo. Considera que son “publicaciones agresivas, tendenciosas e incluso directamente falsas”, según indica el informe de Villafañe.

Según Iberdrola, esta aseveración se ha visto confirmada recientemente cuando entre el lunes 17 y el jueves 20 de enero de 2022, el digital publicaba cinco noticias “tendenciosas o falsas” sobre la compañía.

El segundo de los informes ha sido elaborado por la firma Álvarez & Marsal. En el escrito se cuantifica en 17,6 millones de euros el importe de los daños y perjuicios causados a Iberdrola por la intromisión ilegítima de su derecho fundamental al honor.

La compañía explica que no reclama el supuesto daño generado por el total de las publicaciones realizadas por ‘El Confidencial’ dentro de su campaña, ni siquiera por el causado por las 68 noticias identificadas por la consultora de comunicación corporativa Roman y Asociados como especialmente perjudiciales.

La reclamación se hace, exclusivamente, por el daño presunto económico ocasionado por 12 de esas publicaciones, consideradas en el contexto de la “campaña de desprestigio” como “ejemplos flagrantes de transgresión de la veracidad”. Asimismo, tampoco forman parte del cálculo del daño las cinco publicaciones más recientes de la semana pasada, a pesar de “su falsedad y gravedad en su contenido”, según el demandante.

Finalmente, señala que con la demanda lo que realmente persigue es, de un lado, poner de manifiesto la conculcación del derecho al honor y, de otro, que el diario demandado tenga la adecuada respuesta en derecho. Así, deja a criterio de la autoridad judicial la fijación del importe de la indemnización, a la vez que Iberdrola anuncia que donará cualquier importe a una o varias instituciones sin ánimo de lucro.