Esta colaboración se enmarca en el proyecto Construyendo Juntos, un programa de carácter multidisciplinar por el que los profesionales jurídicos de la compañía, en colaboración con más de 10 despachos de abogados, prestan servicios formativos y de asesoramiento jurídico y fiscal de la mayor calidad a entidades sin ánimo de lucro.

A la firma, que ha tenido lugar en las oficinas de Iberdrola en Valencia, han asistido Santiago Martínez Garrido, secretario general y del Consejo de Iberdrola; Rosa Vidal Monferrer, socia directora de Broseta; Valle Oñate Dancausa, directora general de Prodis y Arancha Jiménez Ceballos, directora de Estrategia, Fundraising y Desarrollo de la Fundación Adecco.

Para el secretario general de Iberdrola, gracias a con este acuerdo “los profesionales jurídicos de Broseta e Iberdrola pretenden que el conocimiento jurídico transmitido a través de esta alianza actúe de palanca de reducción de desigualdades y a favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y el acompañamiento informado tanto de sus familiares como de las entidades que los apoyan”.

Según la socia directora de Broseta, esta alianza “supone una muy interesante oportunidad de trabajo pro bono, práctica con la que Broseta se siente muy comprometida, así como una satisfacción al desarrollarse junto a Iberdrola, uno de los clientes de referencia del despacho, y con la Fundación Prodis y la Fundación Adecco, con las que venimos colaborando habitualmente en distintas iniciativas pro bono”.

La directora general de Fundación Prodis ha destacado la importancia de este tipo de alianzas, “clave para entidades como Prodis, que nos permite así seguir apoyando a las personas con discapacidad y sus familias, quienes en muchas ocasiones se encuentran desinformadas. Favorecer una comunicación clara, sencilla y confiable de la mano de expertos como son los servicios jurídicos de Iberdrola y el despacho Broseta, es una oportunidad inmensa, que facilitará, sin duda, el acceso al mercado laboral de nuestros usuarios”.

Por su parte, la directora de estrategia de la Fundación Adecco ha resaltado estar “profundamente agradecidos a los equipos jurídicos de Iberdrola y Broseta, que de un modo tan generoso ponen su conocimiento al servicio de las personas que más lo necesitan. A través de esta colaboración vamos a dar respuesta a una de las grandes barreras que tradicionalmente han frenado el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual: el desconocimiento del marco legal, que dispara los miedos tanto de sí mismas como de sus familias”.

“Tras 25 años trabajando por la inclusión, podemos constatar que cuando una persona con discapacidad intelectual conoce y comprende sus derechos laborales, afronta el proceso de búsqueda de empleo con una confianza mucho mayor, sabiendo que dispone de los recursos necesarios para afrontar los desafíos y/o dificultades que pueden surgir. De igual manera, la capacitación de las familias, las entidades y, en general, de quienes acompañan a las personas con discapacidad intelectual, es también decisiva para apoyar y guiar, garantizando que las personas con discapacidad pueden desarrollar una carrera profesional justa y sostenible en el tiempo”, ha añadido la representante de Fundación Adecco.

RETO

Las personas con discapacidad intelectual siguen afrontando grandes obstáculos para encontrar un empleo, tal como avalan las últimas cifras oficiales. En concreto, su tasa de actividad o participación laboral (36,4%) es 41,4 puntos porcentuales inferior a la del resto de la población -el 63,6% de las personas con discapacidad intelectual en edad laboral no tiene trabajo ni lo busca-.

Asimismo, la tasa de empleo es otro de los grandes indicadores que da cuenta de esta desigualdad: solo un 23,8% de las personas con discapacidad intelectual se encuentra trabajando, un porcentaje que dista en 27,3 puntos de la media nacional.

Iberdrola señaló que detrás de estas cifras subyacen barreras estructurales que dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad: prejuicios, sobreprotección, falta de experiencias previas y un desconocimiento generalizado que frena el proceso de inclusión.

En este sentido, añade que la formación en el área jurídica resulta fundamental, no solo para proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual, sino también de cara a abrirles las puertas del mercado laboral, proporcionándoles las herramientas necesarias para acceder a oportunidades y desarrollar carreras profesionales sostenibles.

Además, también destaca que es importante dotar de conocimientos jurídicos específicos a las entidades y personas que acompañan a las personas con discapacidad intelectual en su itinerario laboral, de modo que puedan servir de guía y apoyo en los aspectos legales más relevantes.

La alianza, agrega, tiene la finalidad de transmitir a las personas con discapacidad intelectual, sus familias y las entidades que las acompañan, el conocimiento jurídico necesario para abordar con diligencia su acceso al empleo, que les permita tomar decisiones informadas y prever situaciones de abuso y/o discriminación.