El Gobierno de Juan Jsé Ibarretxe quiere tener el control sobre esos servicios privados que, en el País Vasco, cobran especial relevancia puesto que incluyen los sistemas de escoltas y vigilantes de cargos públicos amenazados por ETA.

A juicio del Gobierno de Vitoria, se trata de competencias que, según el Estatuto de Autonomía de Guernica, pertenecen a la comunidad autónoma del País Vasco, y cuyo traspaso sigue todavía pendiente, veintitrés años después de que el texto estatutario fuera refrendado por la mayoría de la cidadanía vasca.

Además de esta competencia, Euskadi pide también las correspondientes al régimen electoral municipal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El acuerdo del Gobierno vasco será remitido al ministro de Administraciones Públicas para que considere la conveniencia de abrir "sin dilación" las correspondientes comisiones negociadoras "con independencia de las coyunturas políticas", para concluir con estos traspasos.