Este decreto va a permitir al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales tramitar todas aquellas solicitudes que fueron presentadas fuera de plazo en la primera convocatoria, 249 en total, además de otras nuevas que pudieran presentar personas que en su día no lo hicieron y que en 2002 cumplieran las condiciones contempladas en el primer decreto.

En el caso de las nuevas solicitudes, sólo podrán presentarlas quienes tuvieran 65 años cumplidos el día de entrada en vigor del primer decreto, el 29 de noviembre de 2002, que hubieran vivido al menos un año en un municipio vasco y que probaran una privación de libertad no inferior a seis meses.

Por otro lado, y tras considerarse la estancia en batallones disciplinarios de trabajadores como privación de libertad, el departamento que dirige Javier Madrazo ya ha iniciado la revisión de todos los expedientes que obran en su poder para adecuar las compensaciones concedidas a esta nueva consideración e incrementar dicha compensación lo que corresponda.

Para ambas acciones el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ha presupuestado una cantidad global de 10,2 millones de euros, 3 millones para el pago de compensaciones por solicitudes nuevas o presentadas fuera de plazo y el resto para cubrir los pagos derivados de la revocación de expedientes que ya incluían privación de libertad en batallones disciplinarios y que en su día no fue compensada.