Recordó que la propia Junta de Extremadura ha cifrado en unos 5.000 millones de pesetas la cantidad que podría recaudar con este impuesto, y explicó que la imposición de esta tasa es una opción de los gobiernos autónomos, aunque todavía no se sabe la repercusión que podría tener en los mercados y en los ámbitos de las operaciones bancarias.

A su juicio, la fórmula de Gobierno extremeño supone "una modificacion sustancial sobre la presion fiscal en España". Añadió que la Comunidad de Madrid no aplicará la medida porque al final la termanarían pagando los impositores.

Admás, dejó bien claro que la Comunidad "ha basado su competitividad en ofrecer una carga fiscal inferior a la de otras regiones", al tener deducciones en algunos impuestos como el IAE o el IRPF.

"No lo vamos ha establecer, porque el ahorro es una de las claves del elemento más sólido de la econoia nacional y porque acabaría recpercutiendo directamente sobre los impositores", concluyó.