Tra presidir la Conferencia Intersectoria de Asuntos Laborales, en la que participaron representantes de todas las comunidades autónomas, Aparicio destacó el "alto nivel de coincidencia" entre las aportaciones realizadas por los consejeros autonómicos y el documento del Gobierno, que podría quedar modificado, "pero no sensiblemente".

Sin embargo, ese nivel de coincidencia no alcanzó a las seis comunidades socialistas, que se levantaron de la reunión tras exigir la retirada del documento del Gobierno, ni tampoco al País Vasco, Canarias y Catauña. El consejero de Trabajo catalán, Lluis Franco, aseguró que la propuesta del Ejecutivo central es "inaceptable" en sus actuales términos.

Aparicio arremetió contra las comunidades del PSOE (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Baleares) por tener un "peculiar y excepcional sentido del diálogo", ya que, tras sus intervenciones, abandonaron la reunión sin esperar a escuchar las aportaciones de otros consejeros.

Con esa actitud, dijo el ministro, "habrá quien tendrá másdifícil de explicar" que no está detrás de la huelga general que promueven los sindicatos para el 20 de junio, ya que mantienen una actitud similar a las centrales, que tampoco quieren negociar el documento del Gobierno y exigen su retirada.

Aparicio mostró su disposición, tras las aportaciones de las comunidades autónomas, a buscar "fórmulas razonables" de acuerdo en materias como la oferta adecuada de empleo, la distancia en la que sería obligatorio aceptar un trabajo (50 kilómetros en su propuesta) la fórmula del contrato de inserción para empresas privadas o el sistema de cobro íntegro de la prestación -lo que se conoce como capitalización- para fomentar el autoempleo.

"INACEPTABLE"

El consejero de Trabajo de Cataluña, Lluis Franco, fue el más crítico con la propuesta del Gobierno, que tildó de "inaceptable" en sus actuales términos, ya que, a su juicio, hay "recortes" en las competencias de las comunidades autónomas y "recortes" de prestaciones sociales "con los que no estamos de acuerdo". Franco reconoció que existen algunos puntos de coincidencia y otros sobre los que "es necesario" introducir mejoras, como el que se permita cobrar de forma íntegra la prestación a la que se tenga derecho o aumentar las bonificaciones para que las mujeres en paro sean contratadas.

En concreto, el consejero catalán propuso que se bonifique el 100% de las cotizaciones sociales a todas las mujeres en sus dos primeros años de contrato y el 55% de las cotizaciones durante el tercer y el cuarto año de pemanencia en la empresa.

Franco destacó la "predisposición" del ministro Aparicio al diálogo y mostró su esperanza en que, a lo largo del proceso de negociación con las comunidades autónomas, "pueda concretarse".

Por su parte, el consejero de Empleo de Canarias, Marcel Morales, apuntó que el documento del Gobierno puede "mejorarse sustancialmente", manteniendo los salarios de tramitación, dejando los contratos de inserción exclusivamente para el ámbito público y garantizando la cobertura por desemleo a los trabajadores fijos discontinuos.

Morales reconoció que, con la actual redacción, la reforma conllevaría recortes en la protección. Sin embargo, consideró el texto válido para iniciar las negociaciones.

EL PSOE PIDE LA RETIRADA DEL DOCUMENTO

Las comunidades socialistas, que abandonaron la reunión tras sus intervenciones, exigieron, como están haciendo los sindicatos, la retirada del documento del Gobierno, y anunciaron que no volverán a negociar mientras el Ejecutivo no retire su propusta.

El consejero de Empleo de Andalucía, José Antonio Viera, se mostró "radicalmente en desacuerdo" con la propuesta, ya que sitúa en un lugar "anecdótico" el papel de las comunidades autónomas, que quedarían, en materia de empleo, "reducidas a simples unidades de gestión".

La consejera extremeña, Violeta Alejandre, apuntó que la retirada del proyecto de reforma de la Ley Básica de Empleo y de la reforma del sistema de prestaciones sería "la forma de recuperar el diálogo". La consejera pidió que en vez de reducir el acceso al subsidio agrario para los jornaleros extremeños y andaluces, se extienda dicho subsidio al resto de trabajadores temporales del campo de toda España.

Mientras, el consejero balear, Eberhard Groskke, de IU, indicó que el Gobierno "ignora" sus propuestas y acusó al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de "utilizar a las comunidades autónomas del PP para dar legitimidad a su reforma".

APOYO DEL PP

Las comunidades presididas por el PP dieron su apoyo a la propuestadel Gobierno, aunque con matices, como es el caso de Galicia, cuya consejera de Empleo, Manuela López Besteiro, pidió que el contrato de inserción sí genere derecho a cobrar el paro.

Además, pidió flexibilidad a la hora de interpretar lo que es empleo adecuado, ya que la distancia no es igual en unas comunidades autónomas que en otras. Asimismo, apuntó que deberían tenerse en cuenta la experiencia laboral y de formación del paro y su situación familiar.

También la consejera navarra, Nuria Iturriaagoitia, pidió que se tenga "más en cuenta" a las comunidades autónomas, así como que exista una mayor garantía en los contratos de inserción.