La ley se generó como consecuencia del clima de inquietud social que produjeron diversos ataques a personas protagonizados por perros de características agresivas, principalment a partir del 29 de enero, fecha en la que un dogo argentino mató a una niña en Palma de Mallorca.

La norma afecta a todos los animales de compañía que, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales, con la excepción de los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con auorización oficial.

Señala que la posesión de estos animales estará sujeta a la obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por el ayuntamiento de la localidad donde resida el dueño.

Además, el propietario debe ser mayor de edad; no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad y la salud pública; y haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Por otro lado, cuando el dueño de un perro potencialmente peligroo lo pasee por espacios públicos, debe utilizar obligatoriamente una correa de menos de 2 metros, así como un bozal adecuado para su raza.

La ley establece las posibles infracciones, entre las que destacan el abandono del animal, la venta o transmisión sin licencia, así como el adiestramiento o participación en peleas o espectáculos con carácter agresivo.

Las multas oscilarán entre 25.000 y 50.000 pesetas en caso de infracción leve, hasta las 400.000 pesetas para infracción grave y hasta 2.500.00 si se trata de faltas muy graves.

OBLIGATORIAMENTE IDENTIFICADOS

El texto legislativo, tramitado por vía de urgencia en el Senado, se aprobó finalmente en la Cámara Alta el pasado día 1, ya que no sufrió modificaciones durante su tramitación parlamentaria.

En el Congreso se admitieron algunas enmiendas, entre ellas una de las principales reivindicaciones de la Asociación Nacional de Defensa de los Animales (ANDA): la obligatoriedad de que todos los perros tienen que estar identificados por el istema que determine cada comunidad autónoma, esto es, por microchip o mediante tatuaje.

Uno de los puntos que, en principio, se suponían conflictivos era la determinación sobre si la ley debía o no recoger una lista de razas peligrosas.

Finalmente, el consenso imperó en casi todos los grupos parlamentarios, salvo en el Grupo Mixto del Senado, en el que está integrado IU, que propuso una lista de 8 razas caninas agresivas, entre ellas american pit bull terrier, american stafordshire terrier, dogoargentino, presa canario o rottweiler; así como 44 razas menos peligrosas, como alaska malamute, boxer, bullmastiff, cocker, san bernardo o siberian husky.