Así, el anteproyecto pretende garantizar que el mantenimiento del empleo de las personas en situación de Incapacidad Permanente, Absoluta o Total, y Gran Invalidez, sea la primera opción en el sistema español de relaciones laborales y, que el despido de estas personas solo se produzca cuando la vía de los ajustes razonables o el cambio de puesto de trabajo suponga una carga excesiva para la empresa.

La maquinaria de esta reforma del Estatuto de los Trabajadores se puso en marcha este pasado enero por parte del Ministerio de Trabajo con un anuncio de la vicepresidenta segunda y responsable del ramo, Yolanda Díaz, tan solo un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableciera que, pese a la legislación española, no se puede despedir a un trabajador que adquiere una discapacidad tras un accidente laboral sin que antes se realicen “ajustes razonables” que permitan que ese empleado pueda seguir en activo.

De esta forma, en su fallo, la Justicia europea rechazó la normativa española que establece que el empresario puede poner fin al contrato de trabajo por hallarse el trabajador en situación de incapacidad permanente para ejecutar las tareas que le incumben en virtud de dicho contrato debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables con el fin de permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar, en su caso, que esos ajustes constituirían una “carga excesiva”.

CARÁCTER INMEDIATO

La vicepresidenta segunda señaló que en ocasiones con el reconocimiento de una invalidez permanente se produce “automáticamente la extinción de la relación laboral, es decir, el despido”.

Díaz aclaró que esta modificación legal será “con carácter inmediato” y no se incluirá en una reforma general de la regulación del despido que el Ministerio va a negociar de forma más pausada con los sindicatos y la patronal. “Va a ser una separata dentro de la reforma del despido”, enfatizó la titular de Trabajo.

Y así fue, puesto que la fase de consulta pública, que concluye este 10 de febrero, se abrió el pasado 27 de enero, apenas una semana después del anuncio de Díaz para hacer esta reforma legal.

La decisión también se adoptó tras una petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) quien, precisamente, en esta fase de consulta pública ha planteado sus demandas de cara a este anteproyecto.

PROPUESTAS DEL CERMI

La entidad planteó que no se pueda producir de forma automática la extinción del contrato de trabajo por la declaración de la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

Asimismo, destacó la necesidad de garantizar “siempre” la voluntad de la persona trabajadora de querer mantener la relación laboral en la empresa, de modo que, si la persona trabajadora manifiesta su voluntad de no continuar, se operaría la extinción del contrato. Otra de las propuestas del Cermi fue especificar en la norma qué se entiende por el concepto “carga excesiva”.

Igualmente, resaltó la necesidad de reforzar la compatibilidad entre trabajo y pensión, así como regular de forma concreta el concepto de “ajustes razonables” para clarificarlo, regular sus contenidos mínimos, establecer una concepción objetiva, para que sean respetuosas con el principio de igualdad e incentiven la eliminación de desventajas hacia personas con discapacidad.

En declaraciones a Servimedia, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, agradeció “la agilidad, rapidez y voluntad política” del Ministerio de Trabajo para afrontar “un tema enquistado” y que “venimos pidiendo hace mucho” desde el sector de la discapacidad. A su juicio, es “una buena decisión” que va en línea con cumplir mandatos internacionales y permite avanzar en “justicia social”.

En este sentido, el máximo responsable de la plataforma representativa de la discapacidad en España incidió en que seguir activo laboralmente debe estar sujeto siempre a la voluntariedad de la persona que ha adquirido una discapacidad. Igualmente, defendió que en caso de seguir activa la persona, se establezcan mecanismos para que se pueda dar marcha atrás si se produce un empeoramiento en la situación del trabajador.

Además, Pérez Bueno defendió que los empleadores sean “abiertos y flexibles” y que se ofrezca, si fuera preciso, un cambio de funciones, reducción de jornada o facilidad para teletrabajar.