El fallo condena también a los ex consejeros del primer Gobiero Hormaechea Roberto Bedoya (vicepresidencia), David Puebla (Economía) y José Parra (Obras Públicas) a la pena de siete años de inhabilitación para cada uno de ellos por sendos delitos de prevaricación. El resto de los otros seis procesados en el macroproceso han sido absueltos por el tribunal.

La sentencia, que ha contado con el voto particular del magistrado José Redondo, considera probado que Juan Hormaechea, David Puebla y Roberto Bedoya son responsables de un delito de prevaricación por la contraación de una empresa (Oyprocansa) para la colocación de carteles de obra de forma directa.

La resolución judicial entiende que la actuación de los inculpados tiene "todos los ingredientes" para ser considerada injusta y, a pesar de la posibilidad de dar marcha atrás en su decisión, los condenados "persisten" en mantenerla.

Asimismo, el tribunal considera que Hormaechea es el único responsable de la inserción en la prensa local de varios comunicados de prensa en contra de sus adversarios políticos principalmente el líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que fueron pagados con cargo a la Diputación regional.

Por este delito de malversación de fondos públicos, el TSJC condena a Hormaechea a la pena de seis años y un día de prisión mayor y a siete años de inhabilitación. A pesar de que ésta es la pena menor que puede imponer el tribunal por esta acusación, la sala considera que su aplicación íntegra no sería justa, puesto que la cantidad pagada por estos comunicados no superó los dos illones de pesetas.

Es por este motivo que el TSJC interesará del Gobierno de la nación que la pena de seis años y un día de prisión sea conmutada por la pena de un año de prisión menor, lo que supondría que el presidente regional no debería ingresar en prisión.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condena asimismo al que fuera consejero de Obras Públicas, José Parra, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con la contratación de un estudio a la empresa antel.

El Alto Tribunal, que considera a Parra como único responsable de este delito, considera en la sentencia que el ex consejero y diputado regional vulneró todos los aspectos competenciales y procedimentales de la función pública y, a pesar de tener conciencia de que su actuación era ilegal, perjudicó con la misma a la Administración regional.

El resto de los procesados (Rogelio Pérez Bustamante, Vicente de la Hera, Dionisio García Cortazar, Alberto Rodríguez, Gonzalo Piñeiro y Ricardo Conde agüe) han sido absueltos de los delitos que se les imputaba.