El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, informó este martes de que más de 123.000 empresas del sector turístico ya usan el registro de viajeros que desde el pasado 2 de diciembre el Gobierno convirtió en obligatorio, una decisión que la senadora del PP María Salom rechazó por “perjudicial” y por el riesgo de que haya compañías que sufran una “brecha de seguridad”.