Esta organización no gubernamental (ONG), que forma parte de Human Rights Watch (HRW), fue creada en 1978 para observar y promover el cumplimiento de los Acuerdos de Helsinki de 1975 en lo relativo a los derechos humanos.

A pesar de que la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios no autorizó en 1991 la visita propuesta por HRW a doce cárceles españolas, alegando que no quería cometer agravios comparativos con otras organizaciones extranjeras a las que tampoco abió las puertas de los establecimientos penitenciarios, Helsinki Watch logró entrar en la madrileña prisión de Carabanchel gracias a la colaboración de la jueza de Vigilancia Penitenciaria, Manuela Carmena.

Además, en Cataluña (comunidad con competencias transferidas en esta materia) solicitó inspeccionar las cárceles de Wad Ras, Cuatro Caminos y Modelo, lo que permitió la Generalitat, a excepción de la última.

A pesar de ello y a través de decenas de entrevistas con reclusos en prisión y de permio, ex reclusos, activistas de los derechos del preso, abogados, familiares de internos, funcionarios y jueces, entre otros, HRW elaboró el informe "Condiciones carcelarias en España".

El documento, de 35 páginas, describe los principales problemas que padecen los internos españoles y sugiere al Ministerio de Justicia que cumpla efectivamente la Ley Orgánica Penitenciaria, "ignorada muy a menudo", y la Constitución española.

Joanna Weschler, directora del Proyecto de Prisiones de HRW y redactora dl informe, exhortó al Gobierno español a poner fin a su hermetismo en materia de establecimientos penitenciarios, porque en los sistemas carcelarios donde las ONGs y la prensa tienen acceso, "generalmente hay menos abusos".

Señaló que Turquía y España son los únicos países europeos que han impedido la visita de su organización a las prisiones. Añadió que Polonia y Checoslovaquia, cuando todavía eran regímenes comunistas, también se negaron, pero después invitaron a HRW a inspeccionar sus cárceles. Weshler aseguró que HRW está dispuesta a visitar las prisiones de nuestro país en cuanto las autoridades se lo permitan.

LIMITAR LA DETENCION PREVENTIVA

Las principales recomendaciones de Helsinki Watch son que el Gobierno limite el período máximo de detención preventiva, actualmente de 4 años; que controle "de manera más eficaz la entrada y distribución de drogas en el interior de las prisiones", y que preste "el tratamiento terapeútico adecuado a la gran cantidad de reclusos toxicómanos".

"Muy epecialmente", señala el informe, "requieren tratamiento sanitario adecuado aquellos internos afectados por el SIDA, cuyo número aumenta alarmantemente".

La organización considera necesario reducir el hacinamiento de las cárceles españolas, con dormitorios colectivos de literas para 15 o 16 personas, porque, "además de representar una degradación del modo de vida, es una de las causas principales de los riesgos para la seguridad física de los reclusos".

"Nos preocupa bastante la situación de las mjeres presas", afirmó Weschler. España tiene un 8 por ciento de presas "bastante mayor que otros países europeos o Estados Unidos, y ese porcentaje sigue creciendo", señaló.

Weschler explicó que en la mayoría de los países las prisiones están diseñadas para los hombres. "El resultado es que las mujeres aparentemente tienen muchas menos posibilidades, por ejemplo, de trabajar, de estudiar, muchos menos programas, etc.", indicó.

Según HRW, los presos españoles, "contrariamente a la ley", no conocensus deberes y sus derechos. A pesar de que deberían tener un folleto que enumerara todas esas reglas, Weschler aseguró que prácticamente nadie tiene este folleto y que el Gobierno no ha permitido a ONGs distribuirlo entre los presos, "cosa que es muy difícil de comprender".

Otras sugerencias son que las visitas sea en sala comunitaria (con contacto) y que las de locutorio (sin contacto) constituyan una de las sanciones más rigurosas.

HRW también recomienda al Ministerio de Justicia evitar la ubicción de reclusos en centros distantes de sus hogares y, "en cualquier caso, dejar de utilizar los traslados a centros remotos como medida disciplinaria".