En concreto, 12.010 grandes patrimonios –el 0,1% de los contribuyentes en España– abonaron este tributo con una cuota media de 52.000 euros. De ellos, el 85,8% reside en Madrid y un 7,2% en Andalucía. También es destacable el peso de Cataluña (2,7%) y Galicia (0,8%), así como de los no residentes o ciudadanos empadronados en Ceuta y Melilla (2,8%).

Este impuesto estatal, que fue una de las novedades fiscales para este año y estará vigente hasta 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros que no pagan el Impuesto sobre el Patrimonio por las deducciones fiscales de cada comunidad autónoma. El Gobierno impulsó esta medida después de que la Junta de Andalucía decidiese bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio desde este año, aunque la enmarcó en la crisis derivada de la guerra de Ucrania.

La nueva figura fiscal nació con el objetivo de recaudar el importe que deberían pagar los contribuyentes por el Impuesto sobre el Patrimonio si no estuviese gravado por su comunidad autónoma. Así las cosas, la vocación del gravamen era recaudar el 100% del importe declarado en Patrimonio en Madrid y Andalucía, y el 50% en Galicia.

Sin embargo, en la redacción de la norma, el Ejecutivo permitió que los contribuyentes residentes en estas regiones pudieran restarse del importe a pagar lo que hubiesen tenido que abonar por Patrimonio –aunque realmente no lo hubiesen satisfecho–. En concreto, si la suma de los impuestos pagados –IRPF, Patrimonio y Grandes Fortunas– superaba en un 60% los ingresos del contribuyente, podrían tener derecho a una rebaja de hasta el 80% en la cuota a pagar por el nuevo impuesto.

MÁS DE 1.868 MILLONES

Esto explica que la recaudación total por el Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas haya ascendido solo hasta los 623,6 millones de euros, frente a los 1.500 millones que el Gobierno se marcó como objetivo. No obstante, desde Hacienda defendieron que, si se suma el Impuesto sobre el Patrimonio, la cifra supera los 1.868 millones de euros en 2023, un importe que encajaría "con el potencial recaudatorio" previsto.

Como se anticipaba, la mayor parte de los contribuyentes del Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas residieron en comunidades autónomas que han renunciado a recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio. Así, de los de los 12.010 declarantes, la mayoría correspondieron a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que aportaron 555 millones de euros.

Les siguieron los contribuyentes de elevado patrimonio de Andalucía (865), que satisficieron 29,7 millones; y los grandes patrimonios de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones.

“Este impuesto forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para implantar una fiscalidad del siglo XXI que permita modernizar el sistema tributario. Entre esos objetivos se encuentra avanzar hacia un sistema más redistributivo en el que aporte más quien más tiene, ya sean grandes patrimonios, multinacionales o sectores como la banca o las energéticas, que en la actualidad obtienen beneficios extraordinarios como consecuencia del aumento de los precios de la energía y el alza de los tipos de interés”, defendieron desde el Ejecutivo.

En esta línea, Hacienda insistió en que estas nuevas vías de recaudación han servido para aplicar medidas fiscales destinadas a aliviar los efectos de la crisis sobre las clases bajas y medias. Entre ellas, las rebajas impositivas sobre la energía, la reducción del IVA de los alimentos básicos o la bajada del IRPF a rentas hasta 21.000 euros.