El grupo, integrado inicialmente por 17 expertos, fue constituido en abril de 2021 con el objetivo de elaborar esta propuesta de reforma fiscal que el Gobierno de coalición prevé empezar a implementar en 2023, según figura en el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, bajo el título de ‘Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI’.

Una vez Hacienda reciba el ‘Libro Blanco’ que entregará el grupo de expertos, el departamento ministerial liderado por María Jesús Montero lo evaluará, de forma que, según lo transmitido a Bruselas, “adoptará las decisiones sobre las modificaciones normativas pertinentes, de acuerdo con la situación económica”.

En este sentido, el Ejecutivo indicó a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación la necesidad de realizar una reforma del sistema tributario con el objetivo de hacerlo “más equitativo, progresivo y justo”, así como para acercar la tributación de España con la de la media europea, ya que la presión fiscal en España fue del 39,2% en 2018, 7,3 puntos por debajo del 46,5% de la eurozona.

Para ello, el Gobierno indicó que la reforma ha de realizarse “prestando la debida atención a la necesidad de garantizar el adecuado equilibrio entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y la contribución de la fiscalidad al crecimiento económico”. Por ello, y debido al contexto de recuperación tras la crisis económica causada por la pandemia de covid-19, considera que “será necesario cuadrar adecuadamente las reformas a introducir con los tempos de la recuperación económica, de modo que se combinen adecuadamente políticas de estímulo y apoyo a los sectores económicos y al empleo con las reformas tributarias que se articulen”.

Asimismo, el Gobierno señaló a Bruselas que “se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse”.

Por otro lado, el documento también resaltaba la importancia de desarrollar “una fiscalidad verde que contribuya a hacer un mundo más sostenible, protegiendo al medioambiente como herramienta de lucha contra el cambio climático y así, además, poder atender los compromisos internacionalmente asumidos”.

REFORMA

En cuanto a la orientación de la propuesta del grupo de expertos, el Gobierno prevé “obtener un análisis técnico sobre qué reformas convendría realizar”, con especial atención a la fiscalidad medioambiental, el impuesto de Sociedades, imposición digital y la armonización del impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, entre otras.

Según lo transmitido a Bruselas, “las reformas que proponga el comité deberán calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo, de modo que, sin perder de vista los principios fundamentales que deben inspirar la reforma, como consolidación fiscal, seguridad jurídica, simplificación del sistema, modernización del mismo, potenciación de la fiscalidad en áreas infragravadas (medioambiental o ámbito financiero, entre otros), logre acertar en los tiempos apropiados para la entrada en vigor de cada modificación, de modo que no frene la recuperación económica, pero permita aproximar progresivamente los ingresos tributarios hacia la media de los Estados miembros”.

PROPUESTA DE UNIDAS PODEMOS

Antes de la finalización del plazo para que el grupo de expertos aporte sus recomendaciones se adelantó hace unas semanas uno de los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, con la presentación de una propuesta de reforma fiscal propia en un acto que contó con la participación de las ministras Ione Belarra e Irene Montero y que también fue reivindicada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

Dicha propuesta, fue entonces calificada por la ministra de Hacienda como “inoportuna”, al considerar que “hubiera preferido” que la formación morada “se hubiera esperado” a que el grupo de expertos publicase su trabajo para luego tener “un debate sereno y reflexivo”.

Sin embargo, Unidas Podemos llevó su propuesta en forma de proposición no de ley al Congreso de los Diputados, donde fue rechazada por la mayoría de la Cámara con el voto negativo de PSOE, PP y Vox, entre otros.

Previamente, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, había defendido a este respecto la propuesta de su formación frente a la apuesta de Hacienda y el PSOE por el comité expertos, al sostener que “no es una decisión técnica”, sino que “es una decisión política”, y ofrecer al PSOE “ceden en algún punto” para lograr el apoyo a su iniciativa parlamentaria.

En concreto, la proposición de Unidas Podemos contaba con 10 puntos entre los que abogaba, en el caso del IRPF, por "acercar la tarifa de la base imponible del ahorro a la tarifa de la base imponible general", y por introducir nuevos tramos con mayores tipos para las rentas de más de 120.000 euros.

Además, también proponía sustituir el impuesto sobre el Patrimonio por uno a las grandes fortunas no bonificable por las comunidades autónomas, con un mínimo exento de un millón de euros y con cuatro tramos: un 2% para los patrimonios de más de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 y un 3,5% a partir de 100.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, Unidas Podemos proponía un mínimo efectivo del 15% sobe el beneficio neto de las empresas, en lugar de aplicarlo sobre la base imponible tal y como se estableció en los Presupuestos de 2022, "de forma que los grandes grupos empresariales dejen de utilizar los mecanismos de elusión actualmente a su alcance para reducir la tributación". Además, sugería establecer en él un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo de las empresas eléctricas cuyo volumen de facturación sea superior a 10.000 millones, durante un periodo de cinco años prorrogable a otros tantos.

Por último, la propuesta de Unidas Podemos también defendía aplicar un IVA superreducido a los productos de higiene femenina, a las peluquerías y a los productos veterinarios y, por otra parte, en lo referente a la fiscalidad medioambiental, aplicar "el principio de 'quien contamina paga', haciendo un mayor hincapié en la producción y no en el consumo, para evitar que afecte al bolsillo de la gente trabajadora".