La fecha límite para hacerlo a través de domiciliación bancaria finalizó el pasado 15 de febrero, por lo que las compañías que deban satisfacer este tributo --y no lo hayan hecho todavía-- deberán optar por el pago electrónico.

Cabe recordar que todas las entidades financieras que cerrasen 2019 con más de 800 millones de euros como resultado de sumar su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) y sus comisiones netas (cobradas menos pagadas) deberán pagar el 4,8% de los ingresos satisfechos por ese concepto a través del modelo 798.

En el caso de las energéticas, tendrán la obligación de pagar el nuevo tributo aquellas compañías que registrasen una cifra de negocio por encima de los 1.000 millones de euros en 2019. Ese concepto se gravará con un 1,2% y se presentará a través del modelo 796.

Con estos impuestos, el Gobierno estima una recaudación anual de 3.500 millones de euros: 2.000 millones procedentes de las energéticas y 1.500 millones de la banca.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilará que estos sectores cumplan con estas nuevas obligaciones tributarias. De no hacerlo, cometerán una infracción “muy grave” que se traducirá en una multa económica del 150% sobre el importe repercutido.

BATALLA JUDICIAL

No obstante, prácticamente la totalidad de las compañías han apostado por abonarlo, pero también por judicializar la causa. Este pasado miércoles, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) interpusieron sendos recursos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden ministerial que regula los modelos de pago del impuesto a la banca. Por su parte, la Asociación Española de Empresas de Energía (Aelec) --que representa a Iberdrola y Endesa-- comunicó un día más tarde la misma decisión.

Las patronales consideran que los nuevos tributos son "discriminatorios e injustificados" y consideran que hay "suficiente base jurídica" como para ganar en los tribunales. Sin embargo, han apostado por efectuar los pagos anticipados para cubrirse las espaldas de cara al futuro. Por el momento, la Audiencia Nacional ha rechazado tomar medidas cautelares.