Ese es el resultado que se desprende de un muestreo realizado sobre 90.417 millones de pesetas, según explicó hoy en rueda de prensa el presidente de la citada asociación, Juan Carlos Para.

Según estas estimaciones, las declaraciones a pagar supusieron unos ingresos de 703.953 millones de pesetas, 90.000 millones más de lo previsto, mientras que las negativs exigieron unas devoluciones de 511.597 millones, 41.000 millones menos.

Las declaraciones con derecho a devolución fueron 8.070.000, unos 30.000 por debajo de lo estimado por la Agencia Tributaria, en tanto que las a pagar se elevaron a 3.944.600, unas 140.000 más que lo previsto.

Juan Carlos Para destacó que el tipo efectivo del IRPF pagado por los contribuyentes se situó en el 16,7 por ciento, lo que supone un incremento de siete décimas respecto al ejercicio de 1991 y de más de seis respectoa 1981.

MAS CARA

Aseguró que, en términos generales, la declaración ha salido "más cara" de lo que creían la mayoría de los contribuyentes y puso en entredicho que los principales beneficiarios de la reforma sean, como afirma el Gobierno, los asalariados.

En todo caso, peor ha resultado para los 400.000 pequeños empresarios y profesionales sujetos a la estimación de ingresos mediante módulos, ya que la base imponible que han tenido que declarar es un 70 por ciento superior a la anterior.

Pra afirmó que el modelo de declaración de la renta es el más complicado de Europa, con la única excepción de Italia, sin que por ello resulte más eficaz en la lucha contra el fraude, al no obligar a incluir datos como la identidad de los caseros o los médicos a los que se realizan pagos.

En su opinión, Hacienda carece de una estrategia de lucha contra el fraude, por lo que, a pesar de la última regularización fiscal, volverán a generarse nuevas bolsas de "dinero negro".

Para abogó por una nueva rgulación del delito fiscal que, en lugar de considerar como tal la ocultación de cinco millones de pesetas, gradúe esa cantidad en función de la capacidad de pago del contribuyente.

El presidente de los asesores tributarios consideró lógico que, como ha establecido un reciente auto de la Audiencia Nacional, un defraudador no quede exento de delito fiscal, si ha exitido dolo en su actuación, aunque se incorporase a la regularización tributaria de Hacienda.

Por otra parte, propugnó que el IRPF teng un carácter más "social", mediante cambios en las deducciones de vivienda, de manera que no puedan beneficiarse de ellas personas con grandes ingresos o que decidan comprarse pisos de precio muy elevado.

Asimismo, reclamó un trato más favorable para los divorciados, de manera que las cantidades que deben dedicar a las pensiones alimenticias de su familia no se vean afectadas por la progresividad del impuesto.

Para apuntó también el absurdo que supone obligar a declarar plusvalías generadas por l venta de acciones sólo cuando el importe supere el medio millón de pesetas. Puede ocurrir, explicó, que alguién compre por 100.000 y venda por 400.000, sin tener que declarar, mientras que otra persona adquiera por 450.000 y venda por 550.000, y sí deba hacerlo, pese a haber ganado menos dinero.