Fuentes del Ministerio dijeron a Servimedia que fue un encuentro a cargo de técnicos para explicar el impuesto, un día después de que se registrara en el Congreso de los Diputados la proposición de ley a través de la que se articula.

Según los detalles dados a conocer, el impuesto a las entidades financieras se aplicará sobre aquellas que en 2019 ingresaran al menos 800 millones de euros brutos en concepto de intereses y comisiones, gravando en un 4,8% la cantidad que ingresen por este concepto en 2022 y 2023.

Este tributo se aplicará sobre la cifra neta de ingresos en intereses y comisiones, de forma que en ambos conceptos se reste a los intereses y comisiones que cobran las entidades financieras los intereses y comisiones que pagan ellas mismas.

El motivo por el que el umbral de tributación se establece en 800 millones y no en 1.000 millones es porque los ingresos de intereses y comisiones suponen un 80% del total de sus ingresos.

Cuando la compañía sea un grupo fiscal, la cifra de negocios o de ingresos por comisiones e intereses a la que se aplicará será la correspondiente al grupo consolidado. Además, no se tendrán en cuenta las operaciones intragrupo ni aquellas que las compañías realicen a través de sus filiales en otros países, y el pago del tributo no será deducible fiscalmente.

El pago deberá realizarse en septiembre, una vez cerradas ya sus cuentas del año anterior, pero habrá un pago a cuenta del 50% en febrero.

Asimismo, la proposición de ley contempla la prohibición expresa del traslado del coste de al cliente final y el Banco de España en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargarán de supervisar. En caso de incumplimiento de este aspecto, habrá sanciones del 150% del importe repercutido a los clientes.

Desde algunas entidades ya se han avanzado cifras de impacto de este impuesto como CaixaBank, que hoy mismo indicó que le supondrá entre 400 y 450 millones solo en 2023, y BBVA, que calcula 250 millones el primer año. Desde el Santander, estiman que se verá afectado un volumen de crédito de 50.000 millones para posibilitar una recaudación de 3.000 millones de euros como se ha marcado el Ejecutivo para los dos años de aplicación del impuesto.