Esta "peinada fiscal" es la más amplia que se ha llevado a cabo en los últimos diez años en Valencia y consiste en rastrear, casa por casa, en ciudades y pueblos, para detectar empresas y negocios que no estan declarados legalmente, según explicó un portavoz del citado organismo.

En esta campaña, los inspectores han accedido a domicilios de los implicados para inspeccionar y, a veces confisar, libros de cuentas y otras pruebas que testifiquen negocios ilegales.

El Colegio de Economistas de Valencia ha expresado severas críticas contra este tipo de actuaciones de la Agencia Tributaria. Para un portavoz oficial de este colectivo, "se trata de otra patada en la puerta, similar a la que promulgó el ministro Corcuera para luchar contra el orden público".

Los contribuyentes infractores pueden ser sancionados con multas, recargo de intereses atrasados y pérdida del derecho de percibir subenciones públicas durante los próximos cinco años.