Según el Ministerio de Hacienda, el convenio incrementa la seguridad jurídica de los operadores de ambos países, garantiza la eliminación de posibles situaciones de doble imposición y, en determinados casos, reduce la presión fiscal.

Uno de los principales objetivos es garantizar a los inversores españoles la mejor situación comparativa respecto a inversores de terceros países.

Concretamente, el convenio reducirá la carga fiscal de las rentas empresariales, ganncias de capital y rendimientos de intereses, dividendos y cánones respecto de la que ahora soportan las empresas españolas instaladas en Costa Rica.