En concreto, suscriben el voto particular los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda, además del presidente de la institución, que fue elegido a propuesta del PP. Todos ellos consideran que el CGPJ debió mantener la “coherencia con lo actuado por el pleno sobre dicha cuestión a lo largo del mandato”.

Hasta ahora el candidato propuesto por el Gobierno era considerado idóneo si cumplía los requisitos que marca la ley de ser un jurista español de reconocido prestigio y tener más de 15 años de ejercicio profesional. García Ortiz reúne “los méritos y requisitos exigidos”, dice el escrito, y el pleno debería haber avalado su nombramiento, tal y como hizo en la primera ocasión en que fue nombrado.

El examen de no idoneidad fue aprobado por ocho votos contra siete, tras la abstención de uno de los vocales que en la actualidad integran el CGPJ, que ha perdido cuatro miembros a lo largo de los cinco años que lleva de mandato en fuciones.

En el informe los conservadores se agarraban al varapalo que el Tribunal Supremo dio al nombramiento de Dolores Delgado, que ha quedado anulado, y a la gestión “deficiente” de la Fiscalía que, bajo su punto de vista, no ha defendido a la institución de la “campaña desprestigio” a la que se ha visto sometida. Además, critican que García Ortiz no haya tenido una posición clara de crítica contra la introducción del concepto de ‘lawfare’ contenido en el acuerdo entre el PSOE y Junts.

Los conservadores entienden, además, que el informe sobre la idoneidad del candidato a fiscal general del Estado debe recoger elementos sobre la “oportunidad” de la propuesta de nombramiento, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Este informe es preceptivo pero no es vinculante para paralizar el nombramiento.

En todas las ocasiones en las que el CGPJ se ha pronunciado sobre la idoneidad de un candidato a fiscal general del Estado “se ha sostenido por el Pleno un criterio constante de enjuiciamiento limitado de la idoneidad” de los candidatos propuestos “acotando el examen al cumplimiento de los requisitos y méritos legalmente establecidos”, dice el voto particular. Y cita expresamente las discrepancia sobre ese criterio que se produjeron con motivo de la evaluación de Manuel Maza Martín, que se resolvió con arreglo a los criterios habituales.