De esta manera, Ruiz de Polanco rechaza e recurso presentado en su día por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el auto por el que, el pasado 27 de marzo, decidió admitir a trámite la denuncia de Menchú contra las autoridades militares de Guatemala anteriores a los actuales acuerdos de paz suscritos en aquel país centroamericano.

La Premio Nobel de la Paz les acusa de los delitos de los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas, por ordenar más de 23.000 ejecuciones, entre ellas las de varios ciudadanos españoles.

El uez rechaza el argumento de que los hechos denunciados por Rigoberta Menchú son "cosa juzgada" y señala que este presupuesto "veda otro proceso sobre el mismo hecho y respecto de la misma persona, cuando la causa criminal fue precedentemente resuelta por sentencia firme o resolución similar", lo que no se ha producido en este caso.

Asimismo, echa por tierra la tesis de Rubira de que la actual Ley Orgánica del Poder Judicial no le permite investigar hechos anteriores a 1985, año en la que esta norma enró en vigor, alegando que las leyes penales son retroactivas para delitos universalmente perseguibles.

En cuanto a que los hechos no son constitutivos del delito de genocidio, sino fruto de una "irrefutable guerra civil", el juez responde al fiscal que este extremo es algo que deberá investigarse a lo largo de la instrucción y, si cabe, en un posible juicio.

"No es este el momento de hacer pronunciamientos inculpatorios o exculpatorios sobre el fondo del proceso, cuando el instructor carece de lo datos sustanciales para perfilar acabadamente los hechos enjuiciados", dice Ruiz Polanco.

El juez reitera además la actuación de España en este caso viene justificada porque el acuerdo firmado entre Guatemala y España en 1984 para depurar responsabilidad sobre la muerte de varios españoles durante el asalto de la embajada española en aquel país no ha dado lugar a proceso judicial alguno.

Entre los casos denunciados, destaca el asalto a la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, n el que murieron 39 personas y cuyo único superviviente fue el diplomático Máximo Cajal.

Rubira argumentaba que España y Guatemala firmaron un comunicado conjunto en 1984 por el que recuperaban las relaciones diplomáticas rotas tras el incidente y por el que la República de Guatemala se comprometía a depurar responsabilidades, razón por la que, a su juicio, Ruiz Polanco no podía investigar el caso.