LOS GUARDIAS CIVILES IMPLICADOS EN LOS SUCESOS DE REINOSA SE NIEGAN A RESPONDER A LA ACUSACION PARTICULAR
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Los ochos guardias civiles encausados por los sucesos ocurridos e Reinosa (Santander) el 16 de abril de 1987, que provocaron la muerte del trabajador de Forjas y Aceros (Foarsa) Gonzalo Ruiz, se negaron hoy a responder a las preguntas formuladas por la acusación particular, aludiendo al derecho constitucional que les ampara.
Los acusados, un teniente coronel, un capitán y seis agentes de la Guardia Civil, comparecieron, durante la primera jornada del jucio oral, ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de la capital cántabra.
El abogado Javier Gómez cebo, que ejerce la acusación particular en nombre de la viuda del trabajador fallecido y de la Asociación contra la Tortura, solicita un total de 23 años para los agentes encausados.
El letrado hizo constar en sumario su protesta, al considerar que los guardias civiles estaban citados como acusados y como testigos presenciales de los hechos.
Las diecisiete preguntas de la acusación pretendían determinar quién o quiénes dieron la orden de lanzar los botes de humo en el interior del garaje en el qe estaban refugiados Gonzalo Ruiz y otras tres personas, el tipo de material empleado y si los agentes ayudaron a los heridos a salir del local.
Javier Gómez Acebo pide cuatro años y dos meses para Eugenio Legasa y Juan Anthomisen, agentes que supuestamente lanzaron los botes de humo en el interior del garaje en donde estaba escondido Gonzalo Ruiz, acción que, según la acusación, le causó la muerte.
Asimismó, solicita dos años y cuatro meses para Antonio Gutiérrez, José Serrano, Hilario Corral y uan Carlos Diors, compañeros de tanqueta de los anteriores, y seis meses y un día para el teniente coronel Pablo Monje y el capitán Alvaro Gutiérrez, como superiores implicados.
Por su parte, el fiscal de la Audiencia, que circunscribe los hechos a un delito de imprudencia temeraria, requiere penas de seis meses y un día para los dos guardias civiles que presuntamente lanzaron los botes.
La defensa de los agentes pide la libre absolución de sus patrocinados, por considerar que la inhalación de lo gases procedentes de los botes de humo sólo constituyen un factor desencadenante del proceso que provocó la muerte a Gonzalo Ruiz.
Los funcionarios manifestaron su inocencia y explicaron que tras ser atacados con piedras, tornillos y rodamientos por los componentes de un piquete formado en la vía férrea Madrid-Santander, a su paso por la localidad de Matamorosa, iniciaron la persecución de los agresores, entre los que estaba, afirmaron, Gonzalo Ruiz.
Según la declaración de Juan Anthomisen y Eugnio Legasa, la herida que presentaba el fallecido en la cara no fue producida por una pelota de goma lanzada por ellos, sino por una caída que sufrió poco antes de encontrar cobijo en el garaje.
"Tras conminar durante más de diez minutos a los refugiados a que saliesen del local sin recibir respuesta", agregaron, "procedimos a lanzar botes de humo. Después de otros diez minutos salieron al exterior y les detuvimos".
Los guardias civiles aseguraron que desconocían que los botes de humo no pueden sr utilizados en lugares cerrados y explicaron que durante el periodo de tiempo que pasaron en la academia habían hecho prácticas con este material en el gimnasio del centro.
"Ningún bote tenía ninguna inscripción o papel que previniese sobre su utilización en el interior de recintos sin ventilación", matizaron durante la declaración.
Los agentes resaltaron los momentos de tensión que vivieron durante las jornadas que permanecieron en la localidad cántabra, y añadieron que hubo "momentos de gran volencia. Incluso a veces no podíamos salir de la tanqueta debido al intenso ataque de los trabajadores. Teníamos miedo de ser copados".
Al juicio, que ha quedado suspendido hasta mañana, jornada en la que se procederá a la toma de testimonios de los testigos de la acusación y la defensa, ha acudido un importante número de habitantes de Reinosa, población ubicada en los límites de Cantabria y Palencia.
No obstante, algunos han señalado que la empresa Soarsa no ha permitido a muchos trabajadores dela factoría viajar hasta Santander.
La entrada de los guardias civiles acusados en la sala fue recibida con abucheos y gritos de: "Gonzalo, justicia", el mismo lema que había inscrito en una pancarta instalada en el exterior de los juzgados.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial también escuchó hoy el testimonio de Ramón Puente, una de las tres personas que estaban en el interior del garaje cuando los guardias civiles lanzaron los gases lacrimógenos.
"FUE UN INFIERNO"
"Lo del garaj", dijo Ramón Puente, "fue un infierno. Nos lanzaron ocho botes de humo y casi no podíamos respirar. Allí murieron hasta los conejos".
Puente declaró que estaban viendo "cómo se desarrollaban los incidentes cuando una pelota de goma, lanzada desde menos de cien metros, golpeó a Gonzalo en la cara. Nos protegimos en un garaje que Ruiz tenía en propiedad con otras personas para curarlo y como vimos que la hemorragia no cesaba decidimos que teníamos que trasladarlo hasta el centro médico de Reinosa. Fue ntonces cuando nos atacaron".
Ramon Puente tiene 32 años y en la actualidad está jubilado por enfermedad, una hemiplejia que le ha debilitado la parte izquierda del cuerpo y que, según sus propias palabras, le ha surgido tras los incidentes del 16 de abril de 1987.
Durante su declaración indicó que tras lanzar los botes de humo los agentes les trasladaron al cuartel de la Guardia Civil, donde pensó que le iban a fusilar.
El presidente del Gobierno cántabro, Juan Hormaechea, que hoy tenía quecomparecer ante el juez César Tolosa, manifestó en los pasillos del tribunal que la culpa de los incidentes ocurridos en 1987 es del Ministerio de Industria y del Gobierno socialista, "y no de los agentes que ahora se sientan en el banquillo, ya que ellos sólo recibían órdenes".
(SERVIMEDIA)
03 Feb 1992
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