Según informó este martes el instituto Armado, la investigación se inició hace cuatro años cuando se recibió una denuncia ante el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga por el uso fraudulento del agua para el riego en la Comarca de la Axarquía por parte de agricultores de cultivos subtropicales que podrían estar provocando un daño importante de las reservas hidráulicas.

Posteriormente a esta denuncia se sumaron otras durante los últimos años, entre ellas la realizada de manera colectiva por parte de varios agricultores de la zona que denunciaron a la Junta de Gobierno de varias Comunidades de Regantes por el mal uso del agua ya que se estaba permitiendo el riego fuera del rango de cota 140, estando completamente prohibido, con el consiguiente perjuicio económico para los agricultores que ajustaban sus riegos a lo legalmente establecido.

Por su parte, los investigadores inspeccionaron aproximadamente 3,4 millones de metros cuadrados de cultivo de subtropicales donde se pudo comprobar cómo se realizaba la extracción continuada, durante varios años, de aguas subterráneas públicas en la masa de agua denominada Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara a través de 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos, balsas, etc.

POZOS ILEGALES

Según un informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, que ha colaborado con la investigación, más de 250 de los 299 aprovechamientos inspeccionados eran ilegales, todo ello a pesar de la grave situación hídrica existente en la zona.

A tenor de la información facilitada por la Junta de Andalucía, se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería aproximadamente a 26 millones de metros cúbicos, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a cerca de 240 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico que se estiman en unos 10 millones de euros aproximadamente.

Además, la Junta de Andalucía informó que estas detracciones ilegales de agua se habían producido encontrándose la masa de agua sobreexplotada, e incluso estando la zona desde junio del 2021 declarada por la administración medioambiental autonómica en situación de sequía prolongada y de situación de excepcional sequía, y como consecuencia de ello se había establecido un período de restricciones de agua regulada.

Respecto a las irregularidades denunciadas contra las comunidades de regantes, los investigadores estiman que un total de 2,2 millones de metros cuadrados del suelo de esa zona podría estar siendo regado ilegalmente con agua procedente de las Comunidades de Regantes, que estaba siendo derivada con el conocimiento de mismas y de sus responsables, los cuales podrían incumplir su específica obligación legal de actuar.

Asimismo, la cantidad de agua derivada ilegalmente por estas comunidades de regantes se estima que asciende aproximadamente a 2,4 millones de metros cúbicos y económicamente podría suponer unos 3 millones de euros de daños al Servicio de Dominio Público Hidráulico durante los últimos años. Además de los detenidos y los investigados hay 39 personas implicadas como partícipes a título lucrativo.

La operación ha sido llevada a cabo por el Seprona, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vélez Málaga.