Así lo aseguró este perito de la Guardia Civil ante los 16 magistrados de la Sala Especial -o Sala del 61- del Tribunal Supremo que estudian la demanda de ilegalización presentada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra ANV.

El agente, que participó en la elaboración de los informes que sirvieron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para suspender las actividades de PCTV y ANV, calificó de "limpieza étnica" la campaña de "presión y acoso" llevada a cabo por "la izquierda abertzale de ETA" contra determinados concejales de la Comunidad Vasca y Navarra tras la elecciones municipales de mayo de 2007.

Este testigo explicó que la campaña iniciada tras los últimos comicios municipales tiene un reciente precedente, ya que en 2003, tras la ilegalización de Batasuna y Euskal Herritarrok, se produjo "una dinámica similar" en el seno del mundo proetarra, un movimiento que utilizó el lema "No al apartheid político".

En aquella ocasión, tras los comicios, ETA "le dijo a la izquierda abertzale que había que responder a lo que había hecho el Estado" y acosar a aquellos concejales que habían ocupado los escaños que corresponderían -según el cálculo de los votos nulos- a los representantes de las formaciones ilegalizadas.

"ETA ordenó responder y la izquierda abertzale obedeció", explicó el experto de la Guardia Civil a los magistrados de la Sala Especial.

En las elecciones municipales de 2007, la dinámica de acoso se repitió, esta vez bajo el lema "Euskal Herria demokrazia zero".

El perito aseguró que esta campaña fue ordenada por ETA y que en ella participaron tanto miembros de ANV -entre ellos las personas cuyas candidaturas habían sido anuladas- como personas de la "izquierda abertzale de ETA", incluidos las vinculadas a Batasuna.

ACOSO Y PRESIÓN

Por lo tanto, y tras la orden de la banda terrorista, se inició "una campaña de acoso" contra aquellos concejales de partidos como PNV, PP o PSE que, según el cálculo de los votos nulos resgitrados en los comicios, había ocupado los escaños que corresponderían a los candidatos de ANV.

El perito señaló que a pesar de que en un principio las acciones "pretendían dar la apariencia de ser pacíficas", comosucedió con las manifestaciones, la realidad fue que en la constitución de muchos ayuntamientos tuvo que intervenir la Ertzaintza debido a los disturbios y ataques protagonizados por las personas que participaban en la campaña de acoso.

Tanto fue así que un total de seis ayuntamientos se tuvieron que constituir a través de gestoras en actos que se realizaron fuera de la alcaldía y, en algunos casos, fuera del propio municipio.

El cariz violento de este acoso fue creciendo hasta que se impuso una "presión pormenorizada e individual" contra los concejales señalados como objetivos. Por ejemplo, los ediles señalados recibían en sus domicilios "postales personalizadas" en las que, sobre un fondo en el que aparecía una silueta con el puño en alto, se instaba: "renuncia al cargo que no te corresponde".

Dentro de estas acciones, en muchos municipios aparecieron carteles por las calles en las que se indicaba, mediante fotografías y nombres, qué concejales era considerados "usurpadores" de los escaños de ANV. El perito explicó que la campaña de presión fue tal que se llegaron a producir varias renuncias de concejales acosados.

Por ejemplo, en Azpeitia (Guipúzcoa) un concejal "que ya estaba harto" renunció a su cargo y ANV hizo público un comunicado en el que "alababa su gesto".

En Ondarroa (Vizcaya), varios concejales del PNV renunciaron a sus escaños como resultado de la campaña de acoso y fueron expulsados del partido.

El perito, en su declaración ante los 16 magistrados de la Sale Especial del Tribunal Supremo, calificó esta campaña de acoso llevada a cabo por el mundo proetarra de "limpieza étnica", una dinámica que a su entender se inscribe dentro de la presión que ejerce ETA y que ha provocado que exista "una enorme falta de libertad" y que muchas personas "tengan miedo y abandonen el País Vasco".