Según las declaraciones del miembro de la comisión de drogas del Colegio de Abogados de Barcelona y del gremio de "Grow Shops" de Catalunya, Martí Canaves, la situación de estos establecimientos "era totalmente legal" siempre que la venta de estos productos fuese para consumo propio y no para el tráfico.

Este "vacío legal" llega con la entrada en vigor de una Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, en mayo del 2004, que permite fiscalizar toda la planta del cannabis, incluyendo las semillas, justificando que éstas "pueden dar lugar a plantas con un alto contenido en THC", el principio activo de la planta.

Martí Canaves explicó que ya se ha presentado un nuevo escrito en el que se demuestra que la semilla "ni es tóxica, ni puede considerarse medicamento, ni va destinada como tal al consumo humano con fines de salud".

En este escrito, se solicita la suspensión de dicha Orden Ministerial hasta que sean resueltas sus contradicciones y su "falta de rigor científico" a la hora de justificar la inclusión de toda la planta del cannabis en la lista prohibitiva.

De este modo, Canaves informó de que si el setor no recibe una respuesta, el sector se verá obligado a impugnar la Orden Ministerial ante la Audiencia Nacional.