A pesar de que, en general, se sigue incrementando el número de turistas que visitan las costas españolas cada año, esta organización asegura que el turismo de sol y playa lleva cuatro años acumulando resultados negativos en cuanto a ocupación y beneficios. Los datos de este verano facilitados por el Instituto de Estudios Turísticos muestran como Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y Euskadi han recibido menos turistas que el año anterior.

Aún así, Greenpeace denuncia cómo desde el ámbito turístico se siguen proponiendo proyectos que desnaturalizan la costa, sin querer ver que el deterioro del litoral debido a décadas de desarrollo turístico poco o nada planificado es uno de los factores responsables de los malos datos recogidos por el sector.

Por todo ello, la organización ecologista pide a los responsables de comunidades autónomas, ayuntamientos y promotores privados reunidos en FITUR que asuman con urgencia que el futuro del litoral y de la actividad turística están estrechamente unidos.

"Hemos entrado en una dinámica de destrucción que debe invertirse completamente. Hay que hacer un análisis serio de la situación y plantearse la necesidad y las consecuencias que acarrean cada nueva obra en el litoral. Si algo está claro es que la destrucción de la costa no ayuda al turismo", asegura Juan López de Uralde, director de Greenpeace en España.

Greenpeace considera que el estado de la costa es muy preocupante y demanda a la industria turística, uno de los principales agentes implicados, un cambio en su política de actuaciones que implique el abandono de las prácticas que han deteriorado la costa española.

ECOTASAS

También demanda a la Administración central que acometa medidas consensuadas que reparen los daños causados por el turismo, como la aplicación de ecotasas que reviertan en la mejora de la costa. "En otro caso será imposible sentar las bases para un turismo sostenible con un futuro a largo plazo".

Los principales problemas detectados por Greenpeace en el litoral se centran en la saturación urbanística, los litorales erosionados y unos altos porcentajes de costa urbanizados. A todo ello se une el exceso de oferta de alojamiento.

Por comunidades, Greenpeace ha detectado una importante diferencia de actitud entre los diferentes gobiernos regionales. En los casos de Asturias, Cataluña o Euskadi, sus administraciones comienzan a ser conscientes del daño causado e intentan mejorar la salud del litoral mediante la redacción de planes de protección costera o luchando contra la contaminación.

Sin embargo, otros como Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia siguen explotando cada metro de su costa sin preocuparse por las consecuencias a largo plazo que esto traerá para el medio ambiente y para el turismo. En un punto intermedio se sitúan Cantabria y Andalucía, que realizan tímidos esfuerzos, aunque claramente insuficientes.

El Ministerio de Medio Ambiente también juega un importante papel en la situación del litoral. En este sentido, Greenpeace reclama al ministerio que ponga en marcha medidas fundamentales para garantizar la protección real de la costa tales como la aplicación rigurosa de la Ley de Costas; la finalización del deslinde (la franja costera que conforma el Dominio Público Marítimo-Terrestre); la recuperación de terrenos pertenecientes al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la elaboración de un Plan Nacional de Costas en consenso con las administraciones y todos los agentes sociales implicados.

"Estamos vendiendo un litoral de mentira: lo promocionamos con imágenes paradisiacas pero lo contaminamos con vertidos, destruimos su equilibrio natural, impedimos que la arena llegue a las playas... Ha llegado la hora de afrontar la realidad antes de que se derrumbe este castillo de naipes y no nos quede costa que disfrutar", concluye María José Caballero, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace.