Mientras la ley británica sólo establece una protección marina hasta los 19 kilómetros de la costa la directiva europea extiende esa protección hasta los 320 kilómetros. Esta ley británica, según los ecologistas, favorece los intereses pesqueros y mineros, sobre todo de las explotaciones petrolíferas, que amenazan seriamente la vida de más de 22 especies cetáceas que viven en esas aguas, en especial la ballena azul y la finesa.

La protesta de Greenpeace -apoyada por la Real Sociedad para la Protección de las Aves y el Fondo Mundial para la Naturaleza, entre otros grupos ecologistas- forma parte desu campaña para impedir el aumento de nuevas explotaciones petrolíferas en la zona.

Además, la organización ecologista se ha dirigido directamente al primer ministro británico, Tony Blair, quien en su día prometió situar al medio ambiente en el centro de su política.