Desde que comenzó la campaña contra la incineradora, Greenpeace ha mantenido informados a todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid de los efectos perjudiciales de la incineración de los RSU sobre el medio ambiente y la salud pública, así como de las posibilidades de otras alternativas no contaminantes.

Para la organización ecologista, la incineració supone un derroche de recursos y energía, y frena el desarrollo de un programa de recogida selectiva, compostaje y reciclaje, y con ello la posibilidad de crear un mayor número de puestos de trabajo.

Según Greenpeace, 50.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid han manifestado su oposición a la incineración de los residuos y, en particular, a la incineradora de Valdemingómez. Por otra parte, profesionales de la sanidad, incluída la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que agrupa a 1.200 iembros, han firmado un manifiesto en contra de la incineración.

Oliva Núñez, responsable de salud y medio ambiente de Greenpeace España, afirmó que "un programa político que tenga como premisa la protección del medio ambiente y la salud pública de los ciudadanos no puede incluir la incineración como forma de tratamiento de los residuos, cuando, además, existe un amplio rechazo a este sistema entre diferentes sectores sociales, incluyendo a profesionales de la sanidad".

RESIDUOS TOXICOS

Por otr lado, Greenpeace ha solicitado a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha que rechace la construcción de una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos en Ocaña (Toledo).

La empresa francesa de gestión de residuos tóxicos SARP ha presentado formalmente el proyecto de incineradora ante la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Ocaña.

SARP pretende instalar un centro donde se almacenen, traten, incineren y viertan todo tipo de residuos tóxicos y peligrosos, al y como proponía el último Plan Nacional de Residuos Industriales, rechazado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el pasado mes de enero.

Greenpeace informa en una carta dirigida a la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha de los graves impactos que esta instalación provocará sobre la salud pública, el medio ambiente y la economía de la comarca de Ocaña.

Estos graves impactos se deben a las emisiones de sustancias extremadamente tóxicas al entorno, a través de losgases, aguas residuales y cenizas, así como durante los accidentes y vertidos que pueden producirse durante el transporte y almacenamiento de los residuos tóxicos.

Los ecologistas estiman que Castilla-La Mancha, una de las comunidades autónomas que menos residuos genera, necesita un programa para prevenir la contaminación en sus industrias y no un centro para el tratamiento de los residuos tóxicos generados en las industrias que utilizan procesos de producción sucios en toda España.

"Esperamos qu la Junta de Castilla-La Mancha rechace este proyecto al igual que rechazó el de Almadén y que haga ver así a las empresas que negocian con residuos tóxicos, como SARP, que la región no necesita sus contaminantes servicios", declaró Juan López de Uralde, director de campañas de Greenpeace en España.