Greenpeace hizo esta consideración en una rueda de prensa en Madrid al presentar el informe ‘El crimen del agua’, una investigación que analiza la gestión agropecuaria del agua en la cuenca del Segura.

“la conclusión es que existe una estructura perfectamente organizada, con tintes casi criminales, en la que participan numerosos eslabones, que posibilita que la gestión del agua tenga un impacto inasumible para el medio ambiente y las pequeñas explotaciones agrícolas”, apuntó la ONG.

El verano astronómico comenzó este martes a las 11.14 (hora peninsular) con la mitad de las demarcaciones españolas con reserva de agua embalsada por debajo del 50%. Según el Gobierno, el 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación y la ciencia alerta de que España tendrá menos precipitaciones en el futuro y más calor, es decir, más evapotranspiración y menos agua disponible.

Según Greenpeace, las grandes empresas del sector agropecuario se mueven “en numerosas ocasiones” con una “impunidad normalizada” y el acceso al agua depende de quién tiene más dinero o influencia. “El miedo a hablar o denunciar malas prácticas entre pequeños agricultores se está extendiendo cada vez más, debido a las amenazas físicas o de apertura de procesos judiciales inasumibles para personas con pocos recursos”, aseguró.

Durante años, Greenpeace y otras organizaciones ecologistas han puesto de manifiesto, con informes y estudios, los problemas de gestión del agua en Murcia, uno de los principales motores de producción agrícola y ganadera de España. En todos ellos se describe la existencia de malas prácticas que tienen una repercusión muy negativa en el medio ambiente.

En esta ocasión, Greenpeace puso el foco en cómo se puede ocasionar la “destrucción medioambiental del Mar Menor y, sobre todo, quién lo hace posible”, y llegó a la conclusión de que no se puede culpar únicamente a quien vierte grandes cantidades de agua contaminada a la laguna, sino también “a quien lo permite, se beneficia o mira para otro lado”.

“ENTRAMADO”

Así, el informe menciona a la “oligarquía agropecuaria”, un pequeño grupo de empresarios que “manda sobre el agua, el campo y su futuro”; los lobistas, organizaciones representantes de la gran industria agrícola y ganadera que luchan por los intereses del sector; el ministerio responsable del medio ambiente, que gestiona las cuencas hidrográficas intercomunitarias, y los gobiernos regionales, funcionan como “una correa de transmisión del sector agroindustrial y ganadero y que, en ocasiones, actúan como barrera de contención frente a posibles intentos de ‘intromisión’ judicial o de otros estamentos”.

También desempeñan su papel en ese “entramado” empresas de trabajo temporal, al facilitar mano de obra barata necesaria para el campo; grandes constructoras de infraestructuras hidráulicas, que “pasan desapercibidas pero que sacan beneficio y mantienen el flujo del agua en movimiento”, y el sector de la distribución, que “mira para otro lado, pero que es quien finalmente pone en manos de las personas los productos procedentes de este sinsentido”.

“Esta situación grave, y más cada vez en un contexto de crisis climática, es extrapolable a muchas zonas de nuestro país. La principal responsabilidad del problema del agua recae sobre el Gobierno central, ya que, además de tener la competencia de las confederaciones hidrográficas intercomunitarias (cuyo desempeño es muchas veces dudoso), podría ordenar auditorías para conocer cómo se está repartiendo el agua y quién se beneficia de ello, pero no actúa de forma decisiva”, apuntó Julio Barea, responsable de la campaña ‘Salvar el agua’ de Greenpeace.

Según Greenpeace, el Gobierno español antepone en ocasiones el “miedo” a las protestas del sector agroindustrial sobre el cuidado del medio ambiente, y ha cubierto la gestión del agua de “un manto de oscurantismo intolerable”.

Además, la organización ecologista llamó a la responsabilidad de los Gobiernos autonómicos y del respeto de elementos que intervienen en la gestión del agua, así como a las empresas y organizaciones de regantes para que piensen en el futuro de sus regiones y no solo en las cuentas de resultados del próximo año.

Por último, Greenpeace confirmó en la rueda de prensa que continuará personada como acusación particular en el ‘Caso Topillo’, que investiga el vertido de contaminantes al Mar Menor.