Según explica la organización ecologista, la Ley de Costas ya sufrió una modificación a través de la Ley de Acompañamiento que supuso "un primer golpe contra el principal instrumento existente para la protección del maltrecho litoral español".

Ahora, una de las principales preocupaciones de Greenpeace ante el nuevo Anteproyecto de Ley se refiere a la desprotección de una parte del dominio público marítimo-terrestre, el dominio portuario, "franja de terreno definida por la Ley de Costas cuya rotección y conservación resulta imprescindible para la supervivencia de los ecosistemas litorales", señala.

Con ello, advierte, "se abre la puerta a la especulación y privatización de un terreno hasta ahora público. De esta forma, una parte de los bienes de dominio público queda prácticamente en manos del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado, que podrá proceder a la enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita del mismo".

Por todo ello, reclamó al Ministerio de Medio Ambiete que tome cartas en el asunto y demuestre "su firme compromiso con la defensa del litoral oponiéndose a esta reforma de la Ley".