Leopodo Torres paralizó el pasado jueves la acusación del fiscal de Castellón Javier Carceller, que solicitaba un año de prisión para el presidente de la compañía pública Endesa, Feliciano Fuster, "por permitir que la central térmica de Andorra (Teruel) contaminase más de 200.000 hectáreas de las comarcas castellonenses de Els Ports y El Maestrat".

El fiscal solicita una fianza de .000 millones de pesetas para Endesa y acusa a otros tres directivos de la empresa de un presunto delito ecológico.

Según Greenpeace, la actuación de Leopoldo Torres "puede tener mucha influencia" en el proceso, por lo que le ha remitido una carta instándole a que explique su decisión.

Juan López de Uralde, portavoz de la organización conservacionista, señaló que "en las actuaciones por delito ecológico debe actuarse contra los máximos responsables de las empresas, ya que son, en definitiva, los ue tienen la capacidad de frenar la contaminación".

Desde principios de los años 80 las organizaciones ecologistas vienen denunciando los daños que, a su juicio, causa la central térmica de Andorra a los montes de Teruel y Castellón, algo que es negado por la dirección de la empresa.

En mayo de 1989, la Fiscalía de Castellón presentó una querella por presunto delito ecológico contra Endesa, en la que Greenpeace actúa como acusación popular.

Según los conservacionistas, la central térmica de ndorra fue en 1987 la tercera "más sucia" de Europa, sólo por detrás de la de Puentes, en La Coruña, y de otra instalada en la antigua RDA.