Los empresarios han recibido dos cartas desde Lérida con el anagrama del grupo terrorista, en las que les insta a colaborar con "la causa revolucionaria" mediante el pago de 50 millones de pesetas. Además les recuerda que cinco empresarios españoles han sufrido atentados por negarse a pagar el "impuesto".

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoz, Javier Seoane, recibió el pasado 7 de enero la denuncia de tres de los seis empresarios amenazados. Este juez ha confirmado que los delitos de terrorismo son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional y no ha querido revelar ningún dato relacionado con el intento de extorsión.

Las características de las cartas coinciden con las misivas remitidas a empresarios españoles en 1984, cuando un centenar de industriales pagaba el denominado "impuesto revolucionario" a la organización terrorista.

Seún fuentes policiales, los Grapo pudieron haber obtenido ese año 120 millones de pesetas a través de la extorsión y de secuestros. Entre las víctimas de la banda figura el abogado barcelonés José María Ignacio Montobbio, que pagó cinco millones de pesetas, previo secuestro.

Los intentos de extorsión a empresarios zaragozanos demuestran, según las fuentes policiales consultadas por Servimedia, la crisis de financiación que debe estar atravesando esta organización terrorista, después del fallido intentode asalto a un furgón de Prosegur en Zaragoza, el 22 de julio de 1991.

El "comando" se ocultaba en un piso de la zaragozana calle Tenor Fleta, donde se dedicó a recabar información sobre el patrimonio de empresarios zaragozanos y se marcó objetivos, como la reciente voladura de la subestación de Enagas.

La policía sospecha que los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre mantienen todavía un piso franco en la capital aragonesa.