Según Granados, el nombramiento del fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno "coloca un lastre" en esa figura, "generando suspicacias y permanentes sospechas y recelos" que, aunque sean injustas, "existen y son motivadas por ese origen gubernamental del nombramiento".

Esto, en su opinión, hace que se perfile como una tarea atrayente y un gran servicio al futuro de la institución la búsqeda de mecanismos que reforzaran, si no la imparcialidad, sí la no menos importante apariencia de imparcialidad.

Así, afirmó que "creo que se ganaría en esa apariencia de imparcialidad si se implicase a los tres poderes en el nombramiento del fiscal general del Estado".

Tras recordar que la Constitución indica que al Gobierno corresponde hacer la propuesta para ese cargo al Rey y que el Consejo General del Poder Judicial debe ser oído, señaló que prestigiosos juristas consideran que el mandato costitucional no se vería violentado si esa proposición del Gobierno tuviera mayor desarrollo legislativo y se dispusiera que fuese precedida del refrendo del Parlamento o que dicha propuesta fuese consensuada con las fuerzas políticas parlamentarias.

Aseguró que "la mejor imaginación puede encontrar otras fórmulas que permitieran la intervención del Parlamento, así como que se potenciase la audiencia del Consejo General del Poder Judicial".

Ello, continuó, "situaría al fiscal en una posición de maor equilibrio institucional y mejoraría sensiblemente su credibilidad".

En este sentido, indicó que el Consejo Fiscal se ha mostrado a favor de que el candidato a fiscal general del Estado se elija entre fiscales, jueces y otros juristas de reconocido prestigio con quince años de servicio y sin militancia política.

No obstante, consideró que la actual forma de elección y cese del fiscal general del Estado "no puede debilitar en modo alguno los robustos trazos constitucionales del ministerio fisca y su autonomía funcional", que debe actuar siempre bajo el principio de legalidad.

"Mi actuación como fiscal general del Estado en modo alguno se ha visto comprometida ni menos condicionada por el hecho de que mi nombramiento se hubiera hecho a propuesta del Gobierno", señaló Granados, quien agregó que "en nada hubiera diferido mi actuación si el nombramiento se hubiera realizado por el Parlamento o por otro sistema distinto al actual".

Sin embargo, reconoció que "eso no quiere decir que mi actución sea perfecta", dado que, "me he podido equivocar como todo ser humano, pero lo que sí puedo asegurar es que las posibles equivocaciones en que he podido incurrir en modo alguno han sido motivadas para favorecer a una u otra opción política", aseveró.

Por otra parte, aseguró que la asunción por el Gobierno de la facultad de poder interesar al fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las acciones pertinentes no entraña "una obligada actuación por parte del ministerio fiscal".

Destacó que cuando la petición del Gobierno carece de fundamento o no sea acorde con la legalidad, debe ser rechazada, de forma razonada, previa audiencia de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo lo que, precisó, ya ha ocurrido en varias ocasiones.

Explicó que esto se debe a que tras la Constitución de 1978, el Gobierno no ordena la actuación del ministerio fiscal y éste no tiene obligación de obediencia o sumisión respecto a aquél.

Granados resaltó, por otro lado, que el ministerio fscal es una institución en crecimiento lo que, a su juicio, exige un paralelo aumento de sus medios personales y materiales que, agregó, a veces no marcha de forma acompasada. Por ello, recordó que otra de las reivindicaciones del Consejo Fiscal es dotar al ministerio fiscal de un presupuesto propio.

Finalmente, dijo que no existen inconvenientes para negar la posibilidad de que el fiscal asuma la fase de investigación de los procesos penales, aunque matizó que para ello es preciso dar antes unos paso previos, como incremento de medios materiales y personales o existencia de una verdadera policía judicial, que no se han dado.