Granados explicó que esta comunicación se produjo después deque algunos medios de comunicación difundieran hace unos días informaciones sobre el malestar del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, con su forma de actuar al frente de la Fiscalía General del Estado, quien estaría estudiando su sustitución.

Sin embargo, en su conversación telefónica, la secretaria de Estado de Justicia transmitió a Granados que dichas informaciones "no tenían fundamento" y que no sabía su origen, según explicó el responsable de los fiscales.

Granados reconoci que su trabajo al frente de la fiscalía puede haber causado malestar en personas próximas al Gobierno y del PSOE, lo que justificó diciendo que se debe a que "me ven como un extraño" ya que mientras que sus antecesores eran "profesionales de la política", él no lo es, por lo que le pueden ver alejado de las posiciones del Gobierno.

En este sentido, dijo tajantemente que actuará al frente de la fiscalía "haciendo lo que tenga que hacer, sin fijarme si beneficia a unos o a otros".

Granados, que paticipó hoy en Miraflores de la Sierra (Madrid) en un curso de la Escuela de Periodismo Jurídico de "El País" y la Universidad Autónoma de Madrid, se refirió también a la judicialización actual de la vida política y dijo que "ni los jueces ni los fiscales tienen la culpa" de que los tribunales conozcan tantos asuntos políticos.

JUDICIALIZACION

No obstante, afirmó que "no es bueno" que eso ocurra, ya que, en su opinión, la vida política debe desarrollarse en su ámbito concreto de actuación y "no es grto que muchos temas de alcance político se ventilen en los tribunales". Sin embargo, insistió en que la obligación de los jueces y fiscales en promover acciones penales "sea quien sea".

La intervención de Granados en el curso se centró en las relaciones del ministerio fiscal con los demás poderes del Estado. En este sentido, precisó que aunque la facultad del Gobierno es interesar al fiscal general que promueva acciones ante los tribunales, "esa posbilidad no entraña una obligación", por lo que puede echazarla cuando carezca de fundamento o no sea acorde con la legalidad.

También se pronunció sobre el nombramiento y cese del fiscal general a propuesta del Gobierno y dijo que eso "no puede debilitar los robustos trazos constitucionales del ministero fiscal y su autonomía funcional".

En ese sentido, consideró legítimo que antes de nombrar o cesar al fiscal general, el Gobierno consulte al Parlamento y a las instituciones y asociaciones judiciales, así como que la duración de su mandato sea limiada y que el ministerio fiscal disponga de presupuestos propios.

A pesar de ello, aseguró que su designación a propuesta del Gobierno "en modo alguno" ha condicionado su conducta y dijo que ésta no sería diferente si hubiera sido designado por el Parlamento o mediante otro sistema.