En el orden del día de la comisión se ha incluido por unanimidad que dé explicaciones sobre la supuesta red de espionaje, pero también sobre su gestión de la nevada que cayó en Madrid el pasado 9 de enero.

La comparecencia fue aprobada hoy en la Diputación Permanente de la Cámara con los votos a favor del PP y el PSOE y la abstención de IU.

El portavoz del PP, David Pérez, afirmó que es una "práctica totalitaria aborrecible exigir a alguien a quien se le imputan acusaciones no demostradas que demuestre su inocencia", y resaltó que el Gobierno regional es el "primer interesado en que se sepa qué hay detrás de este montaje" y en que "por ahora lo que ha sido demostrado es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido espiado".

"A lo mejor nos llevamos una sorpresa y hay algo muy distinto de lo que ustedes quieren dar a entender", explicó Pérez, quien afirmó que "hay medios que empiezan a hablar de la mano del señor Rubalcaba".

Afirmó que el PSOE es el "partido del espionaje" e hizo referencia a que "miembros del CNI vigilaron el domicilio de (Manuel) Pizarro".

La portavoz de IU, Inés Sabanés, pidió el "cese" de Granados y dijo que "si es responsable de crear un equipo de espionaje con fondos públicos, tendrá responsabilidad judicial", y que "si no se ha enterado es igualmente responsable políticamente".

"Los hechos graves no pueden ocultarse debajo de las alfombras", señaló Sabanés, quien dijo que "han de afrontarse hasta el fondo".

Aseguró que esta reunión no servirá para "entrar en el fondo del asunto", ya que Granados ha solicitado comparecer para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".

Señaló que Granados se limitará a "explicar cómo funciona su Consejería", lo que sería una "tomadura de pelo".

La portavoz del PSM, Maru Menéndez, dijo que los socialistas están "dispuestos a tender la mano al PP, si abren el puño" y señaló que su partido pretende el esclarecimiento de los hechos y dar "toda la prioridad de su acción política", por considerar que los "recursos públicos no pueden utilizarse en ningún caso para actuaciones ilegales".

Asimismo, criticó que la reacción del Gobierno de Esperanza Aguirre al supuesto caso de espionaje haya sido "matar al mensajero" y "amenazar a todos los que dan crédito a esta guerra sucia".

Pidió la creación de una comisión de investigación parlamentaria, la "disolución de esa estructura parapolicial" y la "destrucción de la documentación que obre en su poder".