En este sentido, afirmó que "cualquier política que el Gobierno pueda impulsar" relacionada con la protección del medio ambiente "puede tener acomodo entre los intereses empresariales que hay en el territorio, que es suficiente para impulsar medidas de control y protección y para que los empresarios sigan ganando dinero y generando empleo que es lo que nos interesa".

Moragues descartó de este modo los posibles recelos que haya podido despertar entre el sector empresarial balear, especialmente de la construcción, las anunciadas medidas de moratoria urbanística en las islas, que ya han tenido un avance con un decreto de paralización de obras en algunos espacios ahora protegidos, aprobado hace unas semanas.

El consejero balear entonó el mea culpa por el fracasado intento de implantar en su día la conocida como "ecotasa", una fórmula que aprobó en el primer gobierno socialista y que suspendió el popular Jaume Matas tras ganar las penúltimas elecciones.

"Tenemos una gran experiencia en el gobierno anterior donde se pisaron algunos callos que no tenemos intención de volver a pisar", en alusión a la "ecotasa", dijo Moragues, que reconoció que fue "una manera de hacer las cosas que, teniendo razón en el fondo, se perdió la razón en las formas y esto es lo que debemos evitar".

A partir de aquella experiencia, el Govern actual, que preside el mismo dirigente, Francesc Antich, se propone que las medidas que se adopten sean conocidas socialmente "antes de que sean discutidas políticamente".

Así, detalló que se ha decidido ampliar los espacios de protección e incluir algunas medidas "que reconduzcan algunos planteamientos excesivos" anteriores. Pero "lo que no queremos", advirtió, "es matar la gallina de los huevos de oro", que es el turismo y su aliado, la construcción.

"La explotación del territorio por el turismo ha tenido algunos excesos que nosotros intentamos corregir y lo queremos hacer con el sector. Para ello", indicó, al tiempo que apruebe esta nueva ley de protección del territorio hará lo propio con una ley de vivienda que permita construir a precio tasado y vivienda libre para los promotores que quieran participar.

Por ello, a juicio de Moragues, "en general el sector está tranquilo y contento porque sabe que, independientemente de nuestras medidas de protección, la ecomomia y el sector de la construcción está entrando en una bajada suave y tiene que tener salida por otro lado".

El objetivo del Govern es construir diez mil unidades de vivienda en esta legislatura, "lo que hasta la fecha es algo inconcebible". La mitad de estas viviendas las impulsaría la Comunidad Autónoma y el resto la iniciativa privada. "Esto es una bolsa de oxígeno para un sector que tiene preocupación por el futuro", apuntó el consejero.

Para facilitar las cosas, antes de finalizar este año estará listo el anteproyecto de ley de medidas excepcionales del suelo "que permiten derivar estas preocupaciones hacia otros ámbitos que nos parecen muy necesarios", concluyó.