Así lo confirmó en su intervención en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Bilbao, donde, recordó que en estos momentos no está concertado porque es un gravamen patrimonial de carácter temporal no tributario.

“Como tal”, se pactó en la Comisión Mixta del Concierto Vasco para que el Ejecutivo regional pudiese cobrar el 6,24% de la recaudación –importe que equivale al índice de imputación del cupo vasco–, lo que se traduce en unos 181,5 millones en 2023.

No obstante, si PSOE y Sumar materializan su acuerdo de gobierno y lo convierten finalmente en permanente, Azpiazu advirtió de que el Gobierno vasco se quedará con la gestión del nuevo impuesto y, “una vez concertado”, tomará “las decisiones” que vea pertinentes, abriendo así la puerta a que se suavice.

“Si en el futuro se convierte en un impuesto, entonces sí que lo concertaríamos. Una vez concertado, si tenemos capacidad normativa, que es lo lógico, tomaríamos las decisiones en relación con estos impuestos y estableceríamos los tipos tal y como a nosotros nos parece”, declaró.

DESINVERSIÓN DE REPSOL

En este sentido, Azpiazu se refirió a las declaraciones del presidente de Repsol, Jon Josu Imaz, quien amenazó con cesar sus inversiones en España si este gravamen se convierte en un impuesto permanente.

En primer lugar, abogó porque todos “nos calmáramos” y las declaraciones que se hicieran sobre esta cuestión fueran “más ajustadas”. Y, como segundo punto, reconoció que sospecha que hay “otros elementos reguladores” que explicarían que la energética se planteara dejar de invertir en España.

“No quisiera pensar que, porque hay un gravamen que está operando en el Estado de esta manera, no habrá inversiones en Euskadi. Si el impuesto fuera el único motivo, pues lo pelearíamos. Pero yo creo que hay otros también elementos reguladores que también hay que poner sobre la mesa para saber cuáles son los elementos impositivos y no impositivos que están afectando a las decisiones empresariales para invertir o no invertir”, declaró.