Durante un foro organizado por EY sobre la adenda al Plan de Recuperación, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, recordó que esta reforma está comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que España ha canalizado ya más de 37.000 millones de euros en tres pagos.

El cuarto desembolso –de 10.000 millones– está reprogramado para el segundo semestre de este año, es decir, para antes del 31 de diciembre. Y está pendiente de distintas reformas, entre ellas, la reforma del sistema de prestaciones por desempleo, que el Gobierno ultima ya después de más de un año de trabajo. El objetivo de esta medida, que busca incentivar que las personas en edad de trabajar busquen volver al mercado laboral, es lograr “el pleno empleo” durante la actual legislatura.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, ya subrayó este eje antes de que el Ejecutivo echara a andar y La Moncloa ha abrazado esta pretensión. “Esto hace unos años parecía una quimera. Estaba tan lejos que no podíamos pensar en ello. Pues ahora tenemos posibilidades reales de que España alcance el pleno empleo con todo lo que eso supone”, declaró García en esa línea.

La reforma del sistema de prestaciones por desempleo es para el Ejecutivo “una de las más importantes” para lograr la consecución de este objetivo. García avanzó que su objetivo es aprobarla “en las próximas semanas” y señaló que es “fundamental” que reoriente los subsidios hacia “la reincorporación de los trabajadores al mercado de trabajo”.

Fuentes ministeriales apostillaron, además, que este objetivo cobra más importancia, aun si cabe, en la actual coyuntura de escasez de mano obra para determinados sectores muy cualificados relacionados principalmente con perfiles más digitales. Asimismo, subrayaron que este tipo de sistema en el que se permite compatibilizar una prestación con un importe progresivamente decreciente junto a un salario existe en “toda Europa”.

Por último, García garantizó que esta reforma supondrá “un impulso fuerte” a los salarios, incrementará la productividad y, por último, reducirá el déficit estructural, ya que, al haber más población activa, se generarán mayores ingresos tributarios.