Esta transferencia tiene un efecto multiplicador, ya que con ella se financia aproximadamente la tercera parte de dichas actuaciones, lo que supone que se ejecuten proyectos por valor de 5 millones de euros, que han de ser realizados por las Administraciones autonómicas.

En Conferencia Sectorial celebrada e 15 de julio del presente año se aprobaron los porcentajes que les corresponden a cada una de las Comunidades Autónomas para este fin, con la doble obligación de que éstas presenten proyectos concretos y que financien el 60 por 100 de la actuación.

La cantidad correspondiente a los incumplimientos de estas obligaciones se repartirían al resto de Comunidades Autónomas en función de los porcentajes aprobados. Este acuerdo es válido para los años venideros.

Sin embargo, para este ejercicio de 2003 s aprobó que las cantidades no comprometidas por las Comunidades Autónomas se asignaran, con carácter excepcional, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por los graves problemas de seguridad minera que esa administración debe solucionar como consecuencia de la paralización de la actividad de la minería metálica.

Para la distribución de los porcentajes se ha tenido en cuenta la población minera activa o la siniestralidad y el número y tipo de explotaciones mineras de cada territorio. Así, la tercera pare de la cuantía se destina a los principales territorios de la minería subterránea del carbón, como Asturias y Castilla y León.