Todo ello forma parte de lo que el Ejecutivo llama "programa de actuaciones para el buen gobierno", y que se divide en un proyecto de ley y en un código.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ministerio de Economía y Hacienda redactará un informe sobre la supresión de las dietas que los altos cargos representantes del Estado en los consejos de administración reciben por asistir a esas reuniones.

No obstante, precisó que se aprobarán medidas para garantizar la defensa de los intereses del Estado en esos consejos de administración mediante la presencia de los altos cargos y para "compensar" la pérdida de esas dietas.

El objetivo, precisó, es introducir transparencia en las percepciones de los altos cargos de la Administración, para que los ciudadanos tengan garantías de cumplimiento de ese "buen gobierno".

Actualmente son 249 los altos cargos del Gobierno que forman parte de consejos de administración de empresas públicas o participadas por el Estado, una cantidad que el Ejecutivo subraya que es menor a la existente en los años anteriores.

Sevilla aseguró que el régimen de incompatibilidades existente en la actualidad es "razonablemente aceptable", pero carece de medidas disuasorias que impidan su incumplimiento. Además de hacerlo más extenso, la intención del Gobierno es introducir sanciones que garanticen que se cumple.

Así, los altos cargos de la Administración que incurran en un conflicto de incompatibilidad perderán el derecho a cobrar la pensión indemnizatoria por su anterior puesto de trabajo y podrán incluso verse obligados a devolver lo percibido.

Su expediente será publicado en el BOE y no podrá ser nombrado de nuevo para ocupar un alto cargo en la Administración por un periodo de entre cinco y diez años.

Las empresas que contraten a un ex alto cargo vulnerando el régimen de incompatibilidades y sigan adelante con ello después de la comunicación del expediente sancionador dejarán de trabajar con las administraciones central, autonómica y local durante todo el tiempo de aplicación de la limitación de la persona sancionada.

El ministro subrayó también que se refuerza el papel del Parlamento, porque los titulares de determinados órganos y entes reguladores comparecerán ante el Congreso de los Diputados antes de su nombramiento.

En esa lista están el Fiscal General del Estado, el presidente del Consejo de Estado, de la Agencia de Protección de Datos, del Consejo Económico y Social, el director general de RTVE, el presidente de la Agencia EFE, el presidente y los vocales de la CNMV, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Energía, así como el presidente, consejeros y secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.

Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, ya sea de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, por lo que no podrán percibir cualquier otra remuneración.

Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.

Se entenderá que existe esa relación directa cuando el alto cargo haya intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades, o cuando ellos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades.

No se incurrirá en incompatibilidad cuando la actividad que vayan a desempeñar en la empresa privada lo sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado, ni puedan adoptar decisiones que afecten a éste.

Los ministros y secretarios de Estado tendrán que presentar su declaración patrimonial y se publicará en el BOE. Todos los altos cargos aportarán declaraciones de bienes al inicio y al final de su actividad, y anualmente una copia de su declaración de IRPF y de Impuesto sobre el Patrimonio.

Además, los bienes de altos cargos en valores mobiliarios se administrarán en un fondo "ciego", sin conocimiento de los interesados.

La Oficina de Conflictos de Intereses, de nueva creación y dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, se encargará de la gestión de los Registros de Actividades y de Bienes, y será responsable de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se contengan.

Para fomentar la cercanía de los altos cargos a la ciudadanía, se suprimen los tratamientos. El único oficial de carácter protocolario será el de señor/señora, seguido de la denominación del cargo empleo o rango correspondiente.

El código establece también que los altos cargos evitarán toda manifestación externa inapropiada u ostentosa que pueda menoscabar la dignidad con que la que deben ejercer su cargo, y rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que pueda condicionar el desempeño de sus funciones.

Jordi Sevilla subrayó que se trata del primer Gobierno español que "se moja" en ese código ético de ejercicio de un cargo público, y expresó su deseo de que futuros gobiernos de otros partidos prosigan con ese compromiso. "Desde luego, los que nos han precedido no lo han hecho", aseguró.