El secretario de Comunicación de CCOO, Javier Doz, declaró hoy a Servmedia que la central está de acuerdo en evitar el fraude en la prestaciones sociales, y en concreto en las bajas laborales, pero agregó que "se impone que el Gobierno muestre tanto o más interés en la lucha contra el fraude fiscal".

A su juicio, es un escándalo que el Gobierno haya planteado una reforma fiscal que reduce la presión tributaria a los más acaudalados sin plantear "ni una sola medida" de persecución del fraude en el pago de impuestos, cuyo monto oscila entre los 3 y 4 billones al año.

"Parece que el Gobierno", agregó, "emplee una doble vara de medir, la que emplea para los asalariados y los parados, y la que utiliza con los ricos, ya que en este país nadie declara el tipo máximo del IRPF", porque todos los que deben pagar más del 35%, explicó, crean una sociedad para tributar con esa tarifa, que es la máxima que se le aplica a las empresas.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, insistió en la misma idea al declarar a Servimedia que "parece que hay cieta obsesión en presentar a los trabajadores como personajes fraudulentos".

"No creo", dijo, "que nadie se declare enfermo sin que los mecanismos de control que existen en la Seguridad Social lo puedan detectar".

Además, calificó las medidas anunciadas por el ministro Arenas de "incongruencia", porque se habilita al INSS para dar un alta, pero manteniendo el tratamiento médico. "Si una persona necesita un tratamiento médico, no se la puede retirar la prestación, porque o está enfermo o no lo está"

A juicio del dirigente de UGT, esta y otras medidas del Gobierno revelan la campaña de "claros ataques al Sistema de protección Social", emprendida por el Gobierno mediante iniciativas que no suponen cambios legislativos, es decir, con decisiones unilaterales de la Administración.