La reforma actualmente en tramitación en el Congreso que busca agilizar la construcción de vivienda eliminando la paralización de los planes urbanísticos por cuestiones formales encara una fase en la que el PSOE debe tejer apoyos para sacarla adelante. La norma podría tener el apoyo del PP y cuenta con el rechazo de ERC, Junts y Podemos, que han presentado enmiendas a la totalidad.

Sin embargo, la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo trasladó este martes que presentará enmiendas “de gran calado” a la reforma de la Ley del Suelo y estudia la posibilidad de ofrecer un texto alternativo.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, acusó al Gobierno de utilizar la vivienda “solo para sus fines electoralistas”, pero sin presentar las “medidas realistas” que demanda el mercado. “La reforma de la Ley del Suelo es necesaria, pero nos encontramos ante un Gobierno bloqueado, en parálisis legislativa, solo, sin respuestas, cuando al sector necesita con urgencia una nueva ley más ambiciosa, flexible y que dé una mayor seguridad”, señaló.

Para Martín, el rechazo de sus socios a la norma “demuestra la división” y es “un ejemplo más de la falta de capacidad para gobernar” del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Si querían el apoyo del PP para aprobar esta ley, debían haberse sentado con nosotros, pero no han tenido ni una sola conversación. Así hace las cosas este Gobierno en este tema y en tantos: de forma unilateral, de espaldas a la realidad, a los expertos y de error en error”, explicó.

También lamentó que la gran perjudicada de este “colapso legislativo” es toda una generación de jóvenes condenados a ser “vulnerables ocupacionales” y ver frustrado su proyecto de vida porque no tienen posibilidades de acceder a una vivienda.

El PP subrayó que el proyecto de reforma de la Ley de Suelo del Gobierno está “cojo, carece de ambición, y no resuelve el gran problema de la vivienda en España” que es la diferencia entre la oferta y la demanda de viviendas.

El partido valoró que la reforma debería ser “más flexible y ambiciosa”, y ha pedido dotar a ayuntamientos y a promotores inmobiliarios de “mayor seguridad”, por lo que habría que reformar también la ley de jurisdicción contencioso-administrativa.