Según indicaron los tres sindicatos en un comunicado conjunto, durante la reunión mantenida con Función Pública en el marco de la Comisión de Seguimiento del Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, analizaron los instrumentos para establecer los criterios para el desarrollo de la nueva ley sobre temporalidad.

Estas mismas cuestiones se debatieron también ayer en el marco de la Comisión de Coordinación de Empleo Público. En estas reuniones, los sindicatos alertaron de que el desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Ley para la reducción de la temporalidad en la Administración Pública “deben ofrecer seguridad jurídica y garantizar el principio de equidad para evitar que se produzcan situaciones lesivas para los y las aspirantes”.

En este sentido, apuntaron que “es necesario, además, agilizar las convocatorias para que el proceso de estabilización en las Administraciones Públicas acabe con la desorbitada temporalidad en el sector público y ésta no supere la cifra máxima del 8%”.

Por otro lado, los sindicatos indicaron que el impacto del IPC sobre el sueldo de empleados públicos es una materia que se abordará en las próximas reuniones.

El proceso de diálogo también incluirá aspectos “fundamentales para el futuro laboral de las empleadas y los empleados públicos” como son la digitalización, la jubilación, la promoción interna, la movilidad y la carrera profesional, entre otros.