Este sistema unificará los registros existentes en la administración pública en materia agraria para integrar la información que los agricultores y ganaderos deben proporcionar a las autoridades competentes. La consulta pública sobre el borrador de real decreto estará abierta hasta el día 16 de febrero.

Las administraciones públicas agrarias disponen de información y datos proporcionados por los propios agricultores y ganaderos, y por las empresas suministradoras de bienes y equipos al sector agrario, de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea (UE). Igualmente, los productores agrarios están obligados a gestionar una serie de registros que contienen información sobre movimientos de sus animales y tratamientos veterinarios, las parcelas agrícolas y aplicación de fitosanitarios, entre otros.

Esta información se encuentra en un conjunto de bases de datos y registros administrativos de las comunidades autónomas y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación afectados a cada ámbito propio.

La apertura de la consulta pública de este decreto llega después de la polémica sobre las declaraciones del ministro de Consumo y las macrogranjas, que ha suscitado también el debate sobre la información y transparencia existente en torno al mapa de explotaciones ganaderas en España, tanto intensivas como extensivas.

SISTEMA INTERCONECTADO

Según explica en un comunicado el departamento que dirige Luis Planas, ahora se dotará de una mayor integridad y coherencia mediante un sistema de información interconectado, lo que simplificará la labor de los agricultores y ganaderos. Para ello, se pondrán a su disposición de manera gratuita las herramientas y procesos digitales precisos, evitando duplicidades en el envío de información a la administración, y facilitando el acceso a la misma para los propios agricultores y ganaderos.

Al mismo tiempo, se facilitará la gestión de los registros y cuadernos de explotación que deben mantener los agricultores, de manera informática y no manual, contribuyendo al objetivo general de reducir las cargas administrativas y avanzar en los procesos de digitalización de las explotaciones agrarias y de las administraciones. No obstante, la norma dispone también que las autoridades competentes deben prestar el apoyo necesario a aquellos agricultores y ganaderos que tengan dificultades para el acceso o el manejo de las herramientas informáticas.

El nuevo sistema integra la información contenida en los cuadernos y libros de las explotaciones, información que pasará a integrar los registros de explotaciones que mantienen las comunidades autónomas. A su vez, parte de esta información se replicará en una base de datos que mantendrá el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Todo ello, a través de herramientas y sistemas interoperables, constituirá SIEX.

La norma prevé que las autoridades competentes pongan a disposición de los agricultores, de manera gratuita, las herramientas necesarias para su mantenimiento, incluyendo la posibilidad de utilizar herramientas comerciales de su elección.

El proceso de creación del SIEX se abordará de manera progresiva. De esta forma, se establecerá, en colaboración con las comunidades autónomas un cronograma de integración de los distintos registros y los datos que se van a compartir a través del sistema. La información de la que ya disponga la administración en sus registros y bases de datos se integrará en el nuevo sistema de manera automática, sin que los agricultores deban realizar trámite alguno. Así, la información existente en los actuales registros de la producción agraria, en las solicitudes anuales de la Política Agraria Común (PAC), o en los registros de explotaciones ganaderas, se irán integrando en el nuevo sistema.

Asimismo, y en cuanto a los nuevos cuadernos de explotaciones digitales, antes del comienzo de 2023 se habrán puesto a disposición de los titulares de las explotaciones las herramientas informáticas necesarias para gestionarlos.

Adicionalmente, la información que se genera va a permitir un indudable avance en el diseño, ejecución y gestión de las políticas agrarias, con una repercusión directa en la PAC. El fin último es simplificar la presentación por parte de los agricultores de la solicitud única anual en la que se incluyen las distintas líneas de ayuda de la Política Agraria Común. La Administración dispondrá de todos los elementos de juicio precisos para preparar un borrador de la solicitud para cada agricultor con todos los datos necesarios para la gestión de su expediente.

De manera más amplia, también posibilitará la planificación y evaluación de la implementación del Plan Estratégico de la PAC y de la Estrategia de la Granja a la Mesa, incluyendo el seguimiento de indicadores y medidas legislativas incluidas en el mismo. Igualmente, se podrán obtener estadísticas agrarias de mayor calidad que facilitarán un mejor diseño de las actuaciones sectoriales, en especial para conseguir una producción económicamente rentable, pero, al tiempo, más respetuosa con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.