Las empresas públicas oprivadas que tengan en su plantilla al menos un 2 por ciento de personas discapacitadas o que contraten a mujeres, jóvenes y parados de larga duración o con cargas familiares, tendrán ventaja, a igualdad de condiciones en todo lo demás, en las adjudicaciones de contratas.

Según el Ejecutivo riojano, de esta forma se amplía la exigencia de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), "dontándola de un mayor contenido social, al incluir a otros colectivos que, según reflejan las estadística, están discriminados en el mercado laboral".