Los dos primeros desistimientos afectan a Baleares y se centran en los acuerdos de su Gobierno autonómico, de 12 de noviembre de 1999 y de 29 de diciembre de 2000, que aprueban la concesión de ayudas económicas para determinados beneficiarios de pensiones asistenciales y no contributivas.

El tercero se refiere al acuerdo de la Generalitat de Cataluña de 8 de septiembre de 1999, que concede una ayuda económica para determinados pensionistas de esa comunidad.

El Gobierno de José María Aznar aprobó una normativa para unificar las pensiones en toda España y se marcó como estrategia recurrir las posibles subidas por parte de las comunidades autónomas.

El Ejecutivo ha decidido, para retirar estos recursos, apoyarse en la doctrina del Tribunal Constitucional que permite ayudas económicas complementarias, de carácter extraordinario, a favor de los pensionistas de jubilación e invalidez, en sus modalidades no contributivas.

Con estos tres desestimientos, en lo que va de legislatura se han retirado 87 conflictos de competencia, de los que 29 han sido por parte del Estado y 58 de los gobiernos regionales.