Concretamente, el acuerdo recoge actuaciones dirigidas a la promoción del desarrollo humano y a la erradicación de la pobreza, de conformidad con las prioridades establecidas por ambos países en sus respectivas políticas de desarrollo.

La cooperación se realizará en servicios sociales de base, especialmente en sanidad, saneamiento, educación, seguridad alimentaria y formación de recursos humanos.

Del mismo modo, la cooperación está orientada a la protección de los derechos humanos; al refuerzo de las estructuras democráticas; a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente con vistas a un desarrollo sostenible; a la promoción cultural y al desarrollo de la investigación científica y tecnológica.

Corresponderá a los organismos competentes de ambos países coordinar y programar la ejecución de las actividades de cooperación previstas en el acuerdo. Por parte de España, el ejercicio de dichas atribuciones corresponderá a la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Las actividades de cooperación se realizarán mediante programas, ayuda alimentaria de urgencia o microcréditos, entre otros instrumentos.