A ambas leyes, consensuadas con los gobiernos regionales, se le suma también la aprobación del proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026, que hace valer el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del pasado 17 de noviembre y que cifra el importe anual en 1.467 millones.

La modificación de los conciertos económicos emana de los acuerdos fiscales alcanzados entre Gobierno central y ejecutivos regionales tras los cambios producidos en el ordenamiento tributario, “que exigen nuevamente la adaptación del mismo”.

Así, el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables y el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración de Residuos se incorporarán ahora a ambos conciertos.

También se produce la adaptación de los puntos de conexión aplicables al Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, tras la modificación de la estructura de este impuesto, “con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas en la contratación pública”.

Por último, se cede también las competencias a la hora de aplicar el nuevo impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, “cuya concertación se establece en los mismos términos previstos para el Impuesto sobre el Patrimonio”.