En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, evitó hasta en tres ocasiones pronunciarse sobre si contemplan posibles reducciones de condenas en aplicación de la nueva norma que entra en vigor en los próximos días.

Rodríguez ahondó en que, con la reforma, no se "despenaliza ningún tipo de corrupción", sino que se persigue aún más. "El Gobierno", dijo, "lo que persigue es penar todo tipo de corrupción", remachó la portavoz.

Fuentes de La Moncloa minimizan cualquier impacto que pueda producirse con la entrada en vigor este jueves 12 de la nueva tipificación sobre la malversación, asumiendo dentro de la "normalidad" de un proceso judicial la consulta que ha realizado la Audiencia Nacional a las partes implicadas en el 'caso Acuamed'.

Consideran que el juez ha hecho lo que tenía que hacer toda vez que ahora cambia el marco legal con la entrada en vigor del nuevo Código Penal y da la oportunidad a las partes de reformular, si así lo quieren, sus escritos.

La portavoz del Ejecutivo defendió en varios momento que la reforma del Código Penal "hacia donde va dirigida" es hacia "no despenalizar ningún tipo de malversación" e, "incluso, incorpora nuevos tipos penales para endurecer conductas hasta ahora sin ningún reproche penal", como el enriquecimiento ilícito, expuso.

En este sentido, ahondó en que el Ejecutivo tiene un "claro compromiso" de "lucha contra la corrupción" y "tolerancia cero" hacia este tipo de conductas. En base a ello, dijo la portavoz, "es como se ha trabajado esta norma y es lo que seguiremos trabajando en nuestra acción de Gobierno con la confianza plena en que la aplicación de estas normas perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento ilícito de aquellos que se quieren apropiar del dinero público".